El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el jueves por unanimidad la convalidación del real decreto-ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en las poblaciones y en las explotaciones agrarias de regadío en las cuencas del Segura, del Júcar y del Guadalquivir, y se prorrogan las normas de carácter excepcional para gestionar la sequía también en las cuencas del Tajo, del Guadiana y del Ebro.

Además, el real decreto ley incluye medidas para la gestión de los acuíferos sobreexplotados del Alto Guadiana.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, indicó en las Cortes que las consecuencias de la sequía no se abordan por el Gobierno sólo con este decreto-ley, sino que ya hay un Plan de Choque para la modernización de regadíos, un Programa AGUA, obras de emergencias y el Plan Hidrológico Nacional.

El Gobierno recupera el tiempo perdido en la legislatura anterior

Además, el Ejecutivo trabaja en la reforma en profundidad de la Ley de Aguas, cuyo texto se ha dado a conocer al Consejo Nacional del Agua.

La reforma legal incluirá los Bancos Públicos del Agua y la adaptación a las exigencias de las directivas europeas.

"El Gobierno recupera el tiempo perdido en la legislatura anterior en materia de los planes de gestión de sequía que debían estar terminados en 2003", recordó la ministra.

Asimismo, Narbona apuntó que el PP tuvo "la suerte de gobernar entre dos periodos de sequía" e invitó al PP a trabajar juntos para que el país se prepare para periodos de sequía con el uso y control más eficiente del agua.

La ministra recordó que las nuevas tecnologías han permitido que no haya habido este verano restricciones a poblaciones.

No se tramitará como ley

La sequía no puede gestionarse a base de decreto

El diputado del PP Alberto Garre indicó que su grupo apoya el decreto, pero pidió la tramitación como proyecto de Ley, lo que la Cámara no refrendó.

Monserrat Colldeforns, del PSOE, justificó su oposición a la tramitación como proyecto alegando que el cambio de rumbo en la política del agua se está produciendo ya y que la reforma de la Ley de Aguas llegará pronto a la Cámara después de un intenso debate público.

"La sequía no puede gestionarse a base de decreto, es políticamente y jurídicamente inadecuado, económicamente un fraude y socialmente insolidario", afirmó el parlamentario del PP. El ámbito de aplicación del decreto-Ley es "extremadamente limitado", criticó el diputado popular.