Lo tiene tan difícil como Sísifo para coronar la montaña. La Constitución de 1978, en su artículo 49, proclama el derecho a una «vivienda digna y adecuada». Pero los ayuntamientos han encontrado en el suelo y su reclasificación una fuente de ingresos de sencilla mecánica y provechoso jugo a la que no se resisten. ¿Por qué? Desde arriba, el Estado y la Junta no les sueltan el dinero que corresponde. Una asfixia que acaba ahogando nuestros bolsillos. La Administración, en sus tres escalones, nos ha condenado a considerar un lujo disponer de hogar propio. Compré mi piso, de renta libre, hace casi seis años por poco más de 94.000 euros. Si tuviese que hacerlo ahora, la hipoteca subiría hasta el doble. ¿Hasta cuándo van a consentir esta escalada?