Un total de 12 de los 16 tripulantes del carguero de bandera turca Istanbul B han podido regresar a su país este miércoles después de pasar dos meses atrapados en el Puerto de Tarragona porque el armador no había pagado la fianza de 655.000 euros impuesta por contaminar con un vertido de fuel, ha confirmado a Europa Press la Subdelegación del Gobierno.

El carguero causó un vertido de 400 litros de aceite y fuel en el Puerto el martes 26 de junio mientras cargaba chatarra, por lo que se le impuso una multa de 655.000 euros: 205.000 de sanción y el resto por el coste de la limpieza y descontaminación, según informa El País.

El armador no ha pagado la multa y el barco no ha podido zarpar, lo que ha obligado a la tripulación a quedarse en puerto sin poder salir de la embarcación durante todo este tiempo porque carecían de la documentación necesaria para pisar suelo español.

Ahora solamente han quedado cuatro tripulantes como retén —un segundo oficial, un marinero, un engrasador y un oficial de máquinas— para garantizar en caso de necesidad que el carguero pueda moverse, mientras que el capitán ha abandonado el barco.

El subdelegado del Gobierno en Tarragona, Jordi Sierra, intercedió con la embajadora turca en España, Ayse Sinirlioglu, para dar una salida a estas personas, y finalmente la Embajada ha sufragado los costes de los billetes de avión de regreso a Turquía de los 12 tripulantes.

Las autoridades españolas han entregado un visado a los marineros para que pudieran abandonar el barco y viajar desde el Aeropuerto de El Prat de Barcelona este mismo miércoles.

Durante los más de dos meses que han permanecido recluidos en el barco, los tripulantes han recibido alimentos de la Cruz Roja y agua suministrada por el Puerto.

Pelea con arma blanca

El encierro ha vivido momentos de tensión, como la pelea con arma blanca entre dos de los marineros, que acabó con ambos en el hospital con heridas leves, lo que obligó a las autoridades a alojar a uno de ellos fuera del carguero para evitar nuevos enfrentamientos, han indicado desde la Subdelegación.

El futuro del barco depende ahora de si el armador decide pagar la multa para podérselo llevar, además de sufragar los costes de los dos meses de amarre.

Si no, el Puerto podrá subastar el carguero para recuperar el dinero, y si finalmente no se le encuentra comprador, podría ser desballestado.