La eurodiputada popular Esther Herranz ha lanzado hoy un mensaje de "tranquilidad" por el trabajo que está desarrollando en el Parlamento Europeo tras las restricciones de Argentina en las importaciones de porcino.

Herranz ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha señalado que, tras la actuación del Gobierno de Argentina, las ventas de España a este país han bajado un 85 por ciento. En el caso de La Rioja, si el año pasado se alcanzaron el millón y medio de euros, hasta abril de este año sólo se ha llegado a los 500.000.

"Argentina no es nuestro principal comprador, pero no podemos lanzar el mensaje de que descuidamos un mercado; y, en la coyuntura económica actual, no se puede despreciar ningún nicho de empleo", ha dicho.

Ha explicado que el problema radica en la suspensión, por parte de Argentina, de lo permisos automáticos de importación, recogidos en el acuerdo de la OMC. Esto, automáticamente, ha hecho disminuir las exportaciones de España (y La Rioja).

Ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad porque, ha dicho, con las iniciativas que ha impulsado desde el Partido Popular los productores de porcino "están amparados" ante las decisiones del Gobierno de Argentina.

"Todas las hipotéticas repercusiones por la restricción de Argentina están siendo tratadas convenientemente ante la Organización Mundial del Comercio", ha indicado.

En concreto, la Comisión Europea ha solicitado la apertura de un expediente informativo ante la OMC que está ya en curso y, por ello, se están produciendo ya las investigaciones para poder llegar a una resolución.

Al mismo tiempo, la Comisión Europea ha solicitado un 'panel' (un juicio dentro de la OMC) que resuelva el caso y obligue a las indemnizaciones a las que puedan tener derecho los productores europeos que han visto rebajadas sus exportaciones de una manera irregular por no respetarse en Argentina los acuerdos de la OMC.

Esta respuesta de la Comisión Europea se produce con motivo de la pregunta presentada por la eurodiputada riojana, ha dicho, tras los contactos mantenidos con el Gobierno de España y de La Rioja para "defender los intereses de los productores europeos y, en concreto, de los españoles y riojanos", ha explicado.