La portavoz adjunta del PP balear, Marga Durán, ha aseverado que "en ningún caso" la Ley de medidas urgentes por un urbanismo sostenible, más conocida como Ley Company, es inconstitucional, tal y como este jueves denunció el PSM-IV-ExM después de que la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Comunidad Autónoma acordase modificar varios artículos de esta normativa.

Tal y como ha puesto de manifiesto durante la rueda de prensa que ha ofrecido para repasar la actualidad política, "sí se ha creado una comisión para estudiar unos artículos", si bien ha matizado que "por cuestiones técnicas y no políticas ni de fondo".

Al respecto, la dirigente 'popular' ha explicado que la creación de esta comisión mixta es una situación de "normalidad" de la que constan precedentes similares para otras leyes autonómicas, como Ley de Puertos de Baleares o la de medidas tributarias y administrativas.

Sin embargo, según pusieron de manifiesto los econacionalistas, la información aparecida en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) "demuestra que esta normativa es una chapuza", dado que "se duda de su constitucionalidad".

En concreto, la Comisión Bilateral trató el pasado 23 de julio las discrepancias del Gobierno del Estado en relación a una serie de artículos de esta ley (en concreto, el artículo 10, las disposiciones adicionales tercera y cuarta y la disposición transitoria segunda), que hacen referencia a las exoneraciones de reservas de suelo público para vivienda de protección oficial, a las exenciones de evaluación de impacto ambiental y a los requisitos de garantizar agua potable en relación a la población vinculada a procesos urbanizadores.

Desde el PSM-IV-ExM, apuntan a que el hecho de que el Gobierno central valore la posibilidad de llevar la Ley Company al Tribunal Constitucional demuestra que el Ejecutivo de José Ramón Bauzá está "incumpliendo normativas de rango superior y está vulnerando gravemente y haciendo burla del concepto de seguridad jurídica, justo lo contrario de lo que predican".