Las fuerzas del Gobierno sirio y la milicia progubernamental Shabiha son los responsables de la matanza del mes de mayo en la localidad de Al Houla, donde fueron asesinados un centenar de civiles, la mitad de ellos mujeres y niños, según un informe de la ONU difundido este miércoles.

Esta es la conclusión a la que ha llegado en su último informe la comisión independiente auspiciada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar las violaciones de los derechos fundamentales en Siria desde el inicio del conflicto hace 17 meses.

El informe de 102 páginas, que será presentado el 17 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos, reitera que tanto el Gobierno y sus fuerzas leales, como los grupos armados de oposición, han cometido crímenes contra la humanidad.

De acuerdo con datos de la ONU, desde marzo de 2011 han muerto más de 10.000 personas en Siria a causa de la violencia, aproximadamente 230.000 personas se han visto obligadas a desplazarse mientras que 60.000 han buscado refugio en países limítrofes como Turquía y líbano.

Por otra parte, investigadores de la ONU acusan a las fuerzas de Al Assad de crímenes de guerra. También las fuerzas rebeldes son acusadas en el documento de "crímenes de guerra, incluidos asesinato, ejecuciones extrajudiciales y tortura", aunque la comisión indica que "estas violaciones y abusos no tuvieron la misma gravedad, frecuencia y escala" que los cometidos por el Gobierno y la Shabiha.

Sobre la situación del conflicto armado, la comisión destaca que desde el mes de febrero la situación se ha deteriorado de manera significativa con nuevos focos de enfrentamientos, tácticas más agresivas y mayores medios militares en ambas partes.

La comisión vuelve a lamentar la falta de acceso a territorio sirio, admitiendo que socava su capacidad para llevar a cabo el mandato encargado por la ONU, y sigue basando su trabajo en entrevistas telefónicas con personas que están en distintos puntos de Siria, así como con refugiados y familiares de víctimas.

El informe llama la atención sobre el deterioro de la situación socioeconómica y humanitaria -"lo deja a la mayoría de la población en un estado de abandono"- y critica las sanciones internacionales contra el régimen de Bachar al Asad, que considera "una negación de los derechos humanos más básicos del pueblo sirio".

Alerta asimismo sobre el impacto de "un conflicto armado no internacional" -término legal para definir una situación de guerra civil- y denuncia que "la población civil de todas las comunidades soporta el peso, con miles de personas que han perdido la vida".