UGT en la región ha instado al Gobierno de Extremadura (GobEx) a que no aplique la "norma de desatención sanitaria" a las personas en situación administrativa irregular.

En sindicato considera que los convenios especiales de prestación por asistencia sanitaria a extranjeros irregulares suponen una "violación de un derecho básico y una dejación de funciones" por parte de las administraciones, que ponen "en riesgo la salud de las personas y de la salud pública general".

En nota de prensa, UGT Extremadura indica que estos convenios son un "claro ejemplo del afán recaudatorio" del Gobierno, que "condenarán a la total desatención a miles de personas".

Así recuerda que el derecho a la protección de la salud, "individual y colectiva", es un "mandato constitucional que obliga a los poderes públicos a tutelar y organizar el ejercicio de ese derecho mediante las prestaciones y los servicios necesarios".

"En función del mandato constitucional, el derecho a la asistencia sanitaria de los extranjeros estaba recocido en el artículo 12 de la actual Ley Orgánica de extranjería, con el único requisito de estar inscritos en el padrón del municipio donde tengan su domicilio habitual", apunta UGT Extremadura.

Además, indica que la comunidad es una de las regiones que "menos población inmigrante" tiene del estado español, "en torno al 3% de la población empadronada en Extremadura es inmigrante".

Así, los inmigrantes irregulares en Extremadura, según estimaciones de este sindicato, está en torno a 1.255, de los que el 20% de los mismos son menores de edad, por lo que la norma "afectaría a unas 1.000 personas y el ahorro económico es irrelevante".

En esta línea, UGT Extremadura insta al gobierno de la región que no aplique la norma y la región siga teniendo una "sanidad pública y universal".