El Gobierno aprobó antes del verano el Anteproyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Desde el 16 de junio y por un período de 20 días el Gobierno sometió a información pública el anteproyecto. Y lo cierto es que han sido más las criticas que los aplausos.

Varias organizaciones y colectivos han presentado sus alegaciones al anteproyecto de ley del alquiler. Entre las más duras la presentada conjuntamente por asociaciones vecinales y afectados por la hipoteca, entre otros.

Tampoco gusta el anteproyecto de ley al CES, el Consejo Económico y Social. Sus críticas no son tan duras ni se refieren a la filosofía de la ley, pero el CES considera que la ley que desea sacar adelante el Ministerio de Fomento no incentiva la demanda.

El CES comparte el fin último del anteproyecto del Ministerio de Fomento de lograr la necesaria dinamización y flexibilización del mercado del alquiler, pero considera que la norma debería insertarse en una estrategia política en materia de vivienda más amplia.

Cree el Consejo Económico y Social que la ley de Fomento, tal y como está, va en la línea de intentar estimular la oferta de vivienda de alquiler pero echa en falta la implementación de medidas que incentiven la demanda de viviendas en alquiler con carácter general.

Al CES tampoco le convence que la ley proponga que la subida anual de la renta se pacte entre las partes son tener en cuenta –como hasta ahora– la actualización conforme al IPC. El Consejo Económico y Social aconseja al Gobierno que mantenga el IPC como referencia para revisar los contratos de arrendamiento.

La apuesta por vivir en alquiler está subiendo con la crisis, pero sigue siendo la hermana pequeña. La proporción de hogares en régimen de alquiler en España es de apenas el 12%, muy lejos de las cifras europeas.

Pocas familias viven de alquiler y son sobre todo las de de menor solvencia económica, que son las que están siendo más afectadas por la crisis. Por todo ello, el CES considera conveniente establecer medidas dirigidas a satisfacer las necesidades de alojamiento en régimen de alquiler de las familias más desfavorecidas, sin que ello se traduzca en aumentos en el precio de los alquileres ni en una menor seguridad jurídica para los arrendatarios.

España es un país con una cultura de vivienda en propiedad. Y lo sigue siendo pese a la crisis, especialmente entre las mujeres. Según un estudio de Fotocasa del pasado año, casi 9 de cada 10 encuestadas (87,7%) valoran la propiedad antes que el alquiler.

En la alegación conjunta presentada en julio por ATTAC-Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre otras organizaciones, se pedía la retirada del anteproyecto por considerar que precariza más aún los derechos de los inquilinos y minimiza las garantías judiciales de éstos en caso de desahucio.

Estas organizaciones advierten de que, lejos de resolver el problema del acceso a la vivienda promoviendo el alquiler con las justas garantías para el arrendador y el arrendatario, el anteproyecto de ley favorece los intereses de los propietarios, especialmente los de los sectores inmobiliarios y financieros.