La Comunidad está estudiando la posibilidad de reclamar los gastos de la emergencia del día de ayer del grupo de rescate aéreo del CEIS, que rescató a unos pescadores atrapados en unas rocas localizadas a unos 150 metros de la playa Galúa, en La Manga del Mar Menor, por medio de "un dictamen técnico de los servicios jurídicos".

Así lo ha explicado el consejero de Presidencia, Manuel Campos, quien ha comentado que "una cosa es movilizar a los servicios de emergencia en caso fortuito o de fuerza mayor o cuando una persona no es capaz ni responsable, o un menor tiene que ser buscando por nuestro servicio y otra son las imprudencias que generan un importante coste de gasto".

Igualmente, ha asegurado que la Consejería va a "estudiar estos temas" y "buscar una posición de equilibrio". Asimismo, ha indicado que se plantean "la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por la movilizaciones de los equipos de emergencia", de los que ha afirmado que "cuestan muchísimo dinero a todos los ciudadanos".

En este sentido, Campos ha añadido que "se está planteando la apertura de expedientes sancionadores en el caso que se incumpla la normativa" de la que ha indicado que, "por el momento, es municipal, pero que pudiera ser autonómica".

No obstante, ha expuesto que "lo importante es que se salvaron con mucho éxito", tanto el niño francés que subió a un acantilado en Cabo de Palos también este pasado martes, como el de los pescadores "el del Islote de Galua".

En relación con este último suceso ha recordado que "tuvo que intervenir el helicóptero con el riego por el viento y los costes que comporta para la Comunidad Autónoma el mantenimiento de estos servicios".

Campos ha apostillado que "una cosa es que se pueda pescar y otra es que se vaya en una situación de mal tiempo y con señalización" que lo prohíbe.

Sin embargo, ha recalcado que "en este caso estaban desde el lunes", aunque ha reafirmado que "estas situaciones se van a estudiar y se van a ponderan los distintos intereses" así como intentar "exigir las responsabilidades cuando exista una infracción reglamentaria, con el fin de salvaguardar el propio servicio y el patrimonio de todos los murcianos"