La Diputación de Gipuzkoa y los ayuntamientos del territorio han apostado por hacer un "frente común" ante los recortes decretados por el Gobierno del PP y han manifestado la necesidad de consensuar entre todas las instituciones vascas "un planteamiento delante de Madrid para que no se aplique a Euskadi el mismo rasero" que al resto de comunidades, teniendo en cuenta el ámbito competencial y su situación financiera "más desahogada".

El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, y la diputada de Hacienda y Finanzas, Helena Franco, se han reunido en San Sebastián con representantes de la mayoría de ayuntamientos guipuzcoanos, tras hacerlo con los grupos junteros, para compartir el diagnóstico sobre la situación económica y para analizar "las posibilidades de dar respuesta, como pueblo, a las medidas que el Gobierno español quiere imponer".

A juicio de la institución foral, "es tiempo de dar una respuesta conjunta, firme y valiente, como pueblo", así como de actuar "con responsabilidad ante un ataque desmedido y sin precedentes". De este modo, ha denunciado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende "imponer rigurosísimas medidas a las instituciones vascas, las cuales, en la práctica, están intervenidas, sin que para ello haya razón económica alguna".

"El Gobierno español toma a todo el Estado como una única realidad, obviando la situación y las particularidades de Hego Euskal Herria y queriendo imponer a sus instituciones severos límites a la hora de diseñar y gestionar la política presupuestaria", han denunciado los representantes forales, quienes han insistido en criticar que se pretenda "quitar capacidad de decisión" a las instituciones vascas.

"Con los límites que desea aplicar al déficit y a la deuda pública, el Gobierno de España limitaría, a corto plazo, la facultad de las instituciones para recuperar la economía de Hego Euskal Herria y, aún más, pondría en peligro el desarrollo del sector público y el mismo estado de bienestar", han asegurado.

Por ello, han abogado por "tomar decisiones como pueblo y detener esta injusticia" dando una "respuesta proporcional a la gravedad de las medidas que se pretenden imponer" de manera conjunta entre las instituciones vascas y el Gobierno navarro.

"Tenemos que ser capaces de pensar, entre todos, qué podemos hacer para que las medidas del Gobierno de España no hagan desaparecer el bienestar de la ciudadanía de Gipuzkoa y Hego Euskal Herria", ha asegurado Garitano, quien ha alertado de que los ajustes que desea aplicar el Ejecutivo de Rajoy "dejarían en una muy mala situación" a gran parte de los ayuntamientos del territorio.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha anunciado que "más adelante" contactará con los agentes sociales para analizar la posibilidad de "dar una respuesta conjunta a las medidas del Gobierno español".

"IMPOSICIÓN"

Al término de la reunión, en declaraciones a los periodistas, el alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, se ha sumado a la denuncia de que la "imposición de Madrid va en contra de la autonomía, tanto municipal como foral, que como pueblo nos corresponde" y ha compartido la iniciativa de dar una respuesta institucional conjunta.

Para Izagirre, es necesario que, pese a los recortes, las políticas sociales y los servicios públicos "se mantengan o, por lo menos, sean los menos perjudicados", lo que supondrá "priorizar, mirar mucho" el gasto corriente y llevar a cabo una reducción de las inversiones "en hormigón tanto a nivel de ayuntamientos como de otras administraciones".

Tras reiterar su oposición al "modelo que nos ha traído a esta crisis" y censurar que "los que la han generado salgan prácticamente de puntillas de aquí y sean los ciudadanos los que tengan que pagar algo que no han generado", el primer edil de Bildu ha señalado que será necesario un nuevo "ejercicio de ahorro" como el llevado a cabo por el Consistorio donostiarra que, el año pasado tuvo la capacidad de ahorrar 9,5 millones de euros en seis meses.

"voz de los ayuntamientos"

Por su parte, el teniente de alcalde de Irun, Miguel Ángel Páez, ha mostrado la disposición del Ayuntamiento fronterizo a trabajar en común con otras instituciones y ha reclamado que los consistorios tengan "voz a la hora de poder establecer un criterio común para poder trasladárselo a Madrid y poder negociar otras condiciones y con otros márgenes que los que aparentemente deja la Ley estatal".

El representante socialista ha instado, no obstante, a que en la situación económica actual, la Diputación foral "asuma plenamente sus competencias" en Política Social, en materia de personas dependientes, porque, según ha afirmado, "hoy es el día en que los ayuntamientos como el nuestro seguimos asumiendo, con cargo a los presupuestos municipales, unas partidas presupuestarias importantes que deberían ser asumidas plenamente por las administraciones que tienen competencia en ello".

"Esto es un asunto que se ha ido dilatando en el tiempo. La situación de recortes ha ido aumentando y por parte del Gobierno foral todavía no hemos encontrado ninguna respuesta más allá de decir que ya lo trataremos y me imagino que es para echar balones fuera", ha criticado.

Páez ha advertido de que las medidas decretadas en la Ley de estabilidad presupuestaria por el Gobierno central van a suponer "debilitar terriblemente la capacidad de gasto de las administraciones públicas y, en el caso de Euskadi, una intromisión en competencias que vía estatutaria nos corresponden".

En su opinión, la situación es "preocupante y es muy grave" porque el objetivo de déficit marcado por el Gobierno del PP supondrá que se tenga que hacer un "hachazo extraordinariamente estricto en los presupuestos, mucho más allá quizá de la situación real de las Cuentas tanto de los ayuntamientos guipuzcoanos como de la propia Diputación".

"Tendríamos que tener una negociación con el Estado para negociar otros ritmos más tranquilos porque, en definitiva, con este criterio que establece la ley, lo que se va a hacer es recortar de una manera mucho más sangrante la capacidad de inversión y de gasto público de las administraciones, debilita el funcionamiento de la economía en general y debilita especialmente el papel de las administraciones públicas", ha concluido.