El pleno de la Diputación Provincial de Alicante ha aprobado este jueves por unanimidad una moción conjunta del PP y del PSPV para pedir al Gobierno central, que apruebe una modificación de la regulación hipotecaria o promueva una nueva norma para hacer efectiva la dación en pago.

Con esta iniciativa, se pretende que en el futuro, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la Unión Europea y en EEUU.

Además, a través de este acuerdo, la Diputación de Alicante se ha comprometido a instar al Gobierno para que busque mayores implicaciones en las entidades financieras que han suscrito el llamado Código de Buenas Prácticas propuesta por el Ejecutivo central, que permita reducir el impacto que tiene en las familias los desahucios y embargos de su vivienda habitual cuando se producen situaciones de insolvencia sobrevenida.

En este sentido, hace especial hincapié en que las medidas de reubicación de las familias afectadas en riesgo de exclusión social y la utilización de los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de estos embargos, de modo que sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social o cualquier otra formulación alternativa.

Así mismo, esta propuesta plantea que en la subcomisión de transparencia de los productos financieros e hipotecarios creada en abril de 2012 en el Congreso de los Diputados se aborden las situaciones de sobreendeudamiento y garantice unos verdaderos procedimientos concursales y de mediación para permitir un reparto equilibrado de riesgos entre deudos y acreedor.

Por último, la moción establece que se dará traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, a las Corts Valencianes, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a los ayuntamientos de la provincia de Alicante.

Eliminación de la paga de navidad

Por otra parte, el pleno de la Diputación ha acordado también de manera unánime reducir las retribuciones de los miembros de la corporación provincial, que con ello dejarán de percibir este año la paga extra de navidad, cuando el ejercicio de su cargo se desempeñe con dedicación exclusiva o parcial.

Con ello, los integrantes de la corporación quieren ser "solidarios" con la supresión impuesta igualmente a los funcionarios. "Razones de justicia justifican que estas medidas se extiendan a todos los servicios públicos, con independencia de la naturaleza de la entidad de la que dependen y de su estatuto", recoge la moción aprobada.

Así mismo, PP y PSOE en la Diputación han apoyado otra propuesta conjunta para instar al Gobierno central a no aplicar el recorte de 283 millones de euros para la financiación de la Ley de la Dependencia en toda España.

En esta línea, la corporación, "sensible a la preocupación de los ciudadanos y de los colectivos de dependientes", además propone solicitar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que analice la repercusión de los recortes en la aplicación de la Ley de Dependencia y proponga al Gobierno central que en un plazo máximo de un año revise su financiación.

Además, remarca la "preocupación" de los municipios alicantinos por mantener la atención a las personas dependientes y la necesidad de que se redoblen los esfuerzos técnicos y económicos con esta finalidad, por considerarla una prioridad de todos los gobiernos y de la sociedad.