La coordinadora de UPyD en Castilla-La Mancha, Celia Cámara, ha pedido al Gobierno regional el cese de todos los asesores de los altos cargos de la Administración de la Junta, la sustitución de los que fueran imprescindibles por funcionarios de carrera autonómicos y la destitución del director general de la Función Pública, José Manuel de la Fuente.

Para UPyD, el cese de los asesores "contribuiría a la reducción y racionalización de gastos en política de personal, ya que estos asesores son, en un número significativo, personal externo a la Administración, que ha sido contratado por razones de confianza o de afinidad política, y cuyos sueldos están muy por encima de los que perciben los funcionarios autonómicos", según ha informado este partido en nota de prensa.

"Si lo que pretende el Gobierno regional es ahorrar en costes de personal, ésta es una oportunidad para dar ejemplo a la sociedad castellano-manchega de que llevan a cabo una verdadera política de austeridad, ya que además, la Junta tiene funcionarios de carrera, que ya cobran del erario público y que están sobradamente preparados para asesorar a los altos cargos de la Administración regional", ha añadido.

La líder regional de UPyD también ha mostrado su oposición a la Instrucción 5/2012 de la Dirección General de la Función Pública de la Junta —filtrada el pasado viernes—, concretamente, a la medida que prevé el cese, a partir del 1 de agosto, del 80 por ciento de los funcionarios interinos de la Junta, "dejando a la elección de las Secretarías Generales de las Consejerías qué interinos van a ser despedidos", lo que para Cámara "puede dar lugar a decisiones injustas y arbitrarias".

La coordinadora de UPyD considera que si el contenido de esta Instrucción ha sido desautorizado expresamente por el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, "debe llevar aparejado el cese inmediato del director general de la Función Pública, que es quien firma esta Instrucción con fecha 11 de julio".

Asimismo, ha señalado que esta Instrucción, unida a la proposición de ley de reducir obligatoriamente la jornada de los interinos en un 15 por ciento con la deducción proporcional de sus retribuciones, "son una prueba más de la falta de respeto a este colectivo por parte del ejecutivo regional y del objetivo de acabar con todo resto de este personal en la Administración Regional".

Para Cámara esta medida es "inadmisible, por la importante labor que prestan los mismos", y "muy preocupante" por lo que puede "venir después: hipotéticos despidos del personal laboral indefinido, que ya puede ser posible a raíz de la reforma laboral".