El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha abogado este jueves por realizar "un importante esfuerzo por compensar y equilibrar el ajuste de ingresos provenientes del sector público con otras vías de financiación" que conduzcan a la patronal provincial, "en un futuro no muy lejano, a una independencia económica real".

Así lo ha señalado en su intervención en la asamblea general de la CEV, en la se ha presentado la memoria de la organización que contiene sus presupuestos, tanto la liquidación de 2011, que cerró con unas pérdidas de 246.414 euros, como el presupuesto de 2012, que recoge una caída de ingresos del 27 por ciento, hasta 5,5 millones.

Dentro del capítulo de ingresos, las subvenciones descienden un 31 por ciento, hasta los 4,6 millones de euros, mientras que lo obtenido por la actividad propia de la CEV cae un 28 por ciento, al pasar de 7,4 a 5,3 millones de euros.

Por su parte, los gastos caen un 25 por ciento y se sitúan en 5,8 millones de euros, un apartado en el que destaca el aumento en un 56 por ciento de los gastos financieros, la única partida que crece.

En su discurso, facilitado por la organización, Navarro ha aludido a la "importante reestructuración" realizada por la patronal para "adaptar su estructura a la nueva realidad económica y presupuestaria" y poder así "garantizar su viabilidad en el actual escenario de recortes y deuda acumulada".

Ha destacado, en este sentido, que "las reglas de juego han cambiado radicalmente" y que el éxito reside en la "capacidad de adaptación" a esos cambios, para lo que han adoptado medidas como la clausura de la red de oficinas comarcales e implementado una "mayor coordinación" con Cepymev, con la que avanzan "por el camino de la integración", con la Cámara de Comercio, tras fusionar sus comisiones de turismo y comercio, y con la patronal autonómica Cierval.

Respetar recursos para formación profesional

Salvador Navarro también ha defendido la formación que imparten estas organizaciones y ha exigido que, según recoge la normativa vigente, "los recursos procedentes de la cuota de formación profesional sean aplicados, en su totalidad, a la financiación de las distintas iniciativas de formación" y que las responsables de su ejecución sean las organizaciones empresariales y sindicales.

Siete meses después de acceder al cargo, ha repasado las prioridades que marcó entonces y ha destacado que la reforma laboral "contribuye a reducir costes en la empresa y a mejorar su competitividad" aunque, "por sí misma y en el actual contexto, no creará empleo ni crecimiento económico".

Al sistema financiero, le reprocha que "sigue siendo la gran asignatura pendiente y el causante, en gran medida, de la desconfianza que pesa sobre nuestro país y de las incertidumbres que vivimos en estas últimas semanas". De hecho, Navarro cree que las "medidas drásticas" anunciadas por el Gobierno "es el precio que tiene pagar el país por el rescate de nuestro sistema financiero".

Por eso, espera que ese "importante esfuerzo que se le pide al país tenga pronto su contraprestación", a través del "saneamiento del sistema financiero y la apertura de crédito a empresas y familias".

Hasta que llegue ese momento, pide que se articulen "medidas extraordinarias que permitan a los gobiernos atender sus compromisos de pago y sus vencimientos" para "evitar los constantes sobresaltos que genera esta situación de impago, de imposibilidad de financiación y de bloqueo económico y financiero".

En ese apartado, ha valorado la puesta en marcha del segundo plan de pago a los proveedores y ha remarcado que están "a la espera de que el Gobierno confirme una línea ICO de 8.000 millones con el sobrante de los dos planes anteriores" para destinarla al pago de proveedores de la administración no incluidos en los dos planes ya ejecutados, entre los que figuran las organizaciones empresariales.

Sector público avanza "poco o nada" en su adaptación

En cuanto a la adaptación del sector público a esa "nueva realidad", considera que "poco o nada se ha avanzado" en ese tema y que, de hecho, "a estas alturas de la crisis, las comunidades autónomas sólo han suprimido dos de las 600 empresas públicas que se habían comprometido a liquidar" y que, además del reciente anuncio del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Radio Televisión Valenciana (TVV), saben "poco" de ese plan de reestructuración.

Sobre este tema, Navarro reivindica que el sector público "debe reducir todos aquellos costes que sean ineficientes e improductivos y avalar cada una de las inversiones productivas con un análisis que justifique el retorno de la inversión" y, en el lado de los ingresos, "avanzar hacia un modelo de financiación público privado de sus actividades e inversiones y atajar el fraude fiscal".

Salvaguardar redit y la sgr

A su juicio, "sería un grave error que la atención a los problemas más acuciantes impida establecer una estrategia a futuro" y, en este sentido, alude a la "necesaria revisión del sistema de financiación autonómico" y a la reforma del modelo económico, al tiempo que aboga por salvaguardar activos como la red de institutos tecnológicos, las plataformas de ayuda a la internacionalización y la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana.