El sindicato CCOO ha lamentado la "negativa" del Gobierno de Extremadura (GobEx) a cumplir su "compromiso" de que Avante formase parte del capital de Grabasa, y ha advertido de que la decisión "condena a la empresa a su liquidación y llevará al desempleo a sus trabajadores".

Esta decisión del Ejecutivo regional, después de "meses de indefinición", provoca según el sindicato "la liquidación definitiva" de la "principal" empresa de Burguillos del Cerro, que "generaba empleo y riqueza para toda la comarca Zafra-Río Bodión" y que "era la explotación más importante de granito en toda Extremadura".

CCOO ha informado por ello de que los 66 trabajadores y trabajadoras que conforman la plantilla han decidido en asamblea iniciar un encierro en las dependencias de 'Grabasa' a partir del próximo lunes, 16 de julio.

Este encierro es para poner de manifiesto que "no se resignan a ir al desempleo", cuando su empresa "podría ser viable económicamente si la Junta de Extremadura decidiese apoyarla".

Las Federaciones de la Construcción de CCOO y UGT, ambas con representación en el Comité de Empresa, critican así "públicamente" la "actitud pasiva" y la "falta de claridad" del Gobierno extremeño, que "está propiciando la destrucción de empleo y desaparición de esta empresa y de otras de las pocas que quedan en la región".

Añade al respecto que el GobEx, el pasado 16 de abril, "se comprometió en una reunión mantenida con los representantes de los trabajadores de Grabasa a entrar en el capital social mediante la empresa pública Avante después de que se efectuase una auditoría".

Esta auditoría, según CCOO, "fue sustituida por un informe que no entró a valorar el fondo del asunto ni el patrimonio real de la empresa, echando por tierra la posibilidad de una inyección de dinero tanto por parte del Consejo de Administración como de la propia Junta de Extremadura". Estos recursos, según añade, "hubieran permitido el retorno de la actividad a Grabasa".

Al final, la decisión de "no apoyar" a Grabasa tendrá "repercusiones también para el conjunto de la sociedad", en tanto que esta determinación "costará alrededor de dos millones y medio de euros en concepto de indemnizaciones, salarios pendientes y prestaciones por desempleo", concluye el sindicato.