El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, y el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, han firmado este viernes un acuerdo con 13 entidades sociales con el fin de promover la gestión social de la vivienda en Aragón para los colectivos más necesitados.

Además, este acuerdo permitirá que se sumen las entidades locales que lo deseen con sus propias viviendas públicas, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía el mayor número de recursos públicos disponibles.

Las entidades que han rubricado el convenio son: la Red Aragonesa de Entidades Sociales, Cáritas, APIP, Kairós, Fundación Federico Ozanam, DFA, ACISJF-

In via, 2ª Vía de Acompañamiento Terapeútico Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social, YMCA, Cruz Blanca, Asociación Aragonesa de Transplantados de Corazón 'Virgen del Pilar', Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón FAGA y Fundación Secretariado Gitano.

El consejero Rafael Fernández de Alarcón ha recordado "que hay personas y familias que no pueden acceder a la vivienda y, por ello, se va a poner a su servicio una serie de viviendas". Así, ha señalado que "unas ya están, pero el objetivo es poner muchísimas más, que se están buscando con otras entidades sociales, con entidades de crédito y con ayuntamientos".

En este sentido, ha indicado que para la gestión de las viviendas hace falta alguien que cuide de las personas y de las viviendas y por eso se ha contado con la colaboración de estas 13 asociaciones, aunque el convenio está abierto a más entidades.

Igualmente, ha recalcado que ésta es una pequeña parte de los planes del Gobierno en cuanto a bienestar social y a política de vivienda que concluyen en el programa común que esperan poder dotar en cuatro años con 40 millones de euros. "No es un programa cerrado y el éxito será que todas las personas que lo necesiten estén atendidas", ha concluido.

Identificar y evaluar a personas necesitadas

Por su parte, el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, ha subrayado las dos líneas principales de actuación que va a llevar a cabo su departamento con respecto a este convenio, por un lado "identificar lo antes posible las personas que requieran viviendas con carácter urgente, que tengan limitaciones económicas, que estén en situaciones extremas y evaluar la adecuación de las familias o personas para los diferentes tipos de vivienda en función de las características sociales o socioeconómicas que tengan".

Anteriormente ya se habían suscrito convenios para la puesta a disposición de viviendas del Ejecutivo autónomo —en la actualidad se dispone de un parque de más de 400 viviendas — con entidades sociales, pero a través de esta iniciativa se quiere incrementar la eficacia de estas acciones con un conjunto de medidas a través del Plan de Gestión Social de la Vivienda, en el que se enmarca este convenio de colaboración.

Así, se incorpora el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), para coordinar con la Dirección General de Vivienda las actuaciones y prestar sus servicios y asesoramiento para ayudar a los colectivos en riesgo de exclusión y con problemas para acceder a la vivienda para ofrecer una atención más integral.

Asimismo, el Gobierno de Aragón trabaja en incrementar el número de viviendas públicas, como es el caso de las antiguas viviendas de peones camineros cuya situación se está examinando —existen 11 en Fraga o 37 en Calamocha— o la posibilidad como se ha citado anteriormente de que las entidades locales se sumen con sus propias viviendas.

Comisión de valoración de proyectos sociales

Además, este convenio incluye la creación de la Comisión de Valoración de los proyectos sociales que se encargará de recibir, informar y valorar, conforme a un baremo consensuado por las partes, los diferentes proyectos mediante la elaboración de una propuesta de asignación de los recursos disponibles, dentro de sus competencias de estudio y propuesta.

Esta Comisión estará integrada por dos personas designadas por el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, otras dos por el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y otras dos designadas por las propias entidades sociales. Su composición podrá modificarse, no obstante, para enriquecer su actividad en el marco de los fines que se persiguen.