La Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla (ODS), el Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias de Andalucía (Amuradi) y la Federación Andaluza de Mujeres Gitanas (Fakali) estudian "interponer una denuncia" a la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla para que investigue "la posible comisión de un delito de coacciones" por parte de quien ordenara a la Policía Local el desalojo del grupo asentado en unos terrenos de San Jerónimo, ya que son "terrenos privados" y no existe "denuncia de su propietario".

A través de un comunicado, estas organizaciones sociales han manifestado su "más profundo rechazo" al desalojo "forzoso" y levantamiento de este asentamiento de población rumana gitana en el barrio de San Jerónimo, realizado por orden del Ayuntamiento de Sevilla a través de la Policía Local este martes 9 julio del 2012, una medida, añaden, "que se ha llevado a cabo por la propia presión ciudadana liderada por una organización vecinal, en concreto la Asociación de vecinos El Alamillo y vecinos organizados en la plataforma Basta ya de Asentamientos", una organización "con dudosos fines".

En este sentido, apuntan que dicha organización, en su blogs "hace claramente una incitación y apología a la violencia y al racismo contra las personas por el hecho de ser diferentes, en este caso inmigrantes o pertenecientes a minorías étnicas, en su mayoría en una situación de pobreza y de vulnerabilidad social y que está calando cada vez más un sentimiento de rechazo social hacia la comunidad rumana gitana".

Así, la citadas organizaciones sociales afirman, a través de este comunicado, que "detrás de estas conductas hay unas ideologías claramente fascistas", porque "no reclaman que se adopten medidas integrales de inclusión social, sino que lo que están reivindicando y para lo que están presionando a las instituciones públicas es para que expulsen a los rumanos gitanos de toda la ciudad de Sevilla", puesto que este nuevo desmantelamiento chabolista "es uno más de los que se vienen produciendo en la ciudad desde hace tiempo sin que las instituciones públicas ofrezcan una alternativa más allá del hecho consumado y la represión ejercida contra la población rumana que reside en los asentamientos".

De esta forma, lamentan que "no hay ni una sola medida social tras cada desmantelamiento chabolista que ayude a mejorar las condiciones sociales de estas personas", y que el Ayuntamiento y el resto de las administraciones públicas "muestran una incapacidad absoluta para solucionar este problema". "La exclusión no se combate negando su existencia ni enviando a la policía, sino con medidas sociales serías, valientes, comprometidas y continuadas en el tiempo, es decir, con seguimiento", destacan.

Ante esta situación, Apdha, ODS, 17 Marzo, Amuradi y Fakali exigen el cese de la violencia institucional; medidas urgentes para paliar la situación de exclusión que viven estas familias —espacios donde las familias puedan quedarse hasta que se les de una solución definitiva—; aplicación de los diversos planes de erradicación del chabolismo tanto a nivel local como andaluz; facilitar el acceso a la vivienda como un derecho equiparable al derecho a la educación, o la sanidad; una ley de inclusión social para Andalucía que tenga en cuenta a las personas que ya viven en situación de exclusión; y que las administraciones públicas asuman su responsabilidad plena en las situaciones de "desigualdad y exclusión" que generan el modelo económico neoliberal vigente.

Además, anuncian que estudian "la interposición de una denuncia" a la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla a fin de que investigue la posible comisión de un delito de coacciones por parte de quien ordenara a la Policía Local el desalojó del grupo asentado en unos terrenos privados sin que existiera denuncia alguna por parte de su propietario. Por otra parte, aportarán a la misma denuncia material gráfico (vídeos) de las concentraciones de los vecinos "donde pudieran observase comportamientos que pudieran constituir delitos de amenazas y fomento del odio racial y violencia", finalizan.