El Gobierno convocó ayer la Mesa General de Negociación de la Función Pública con el único punto del orden del día del Real Decreto (RD) Ley de medidas urgentes de racionalización y reducción del gasto en materia de empleo público y recortes de gasto en el empleo público.

CCOO afirma que "el Ejecutivo, se ha visto obligado a convocar este ámbito al único efecto de cumplir con la formalidad de informar de las medidas, como viene siendo habitual en él, sin ninguna voluntad política de negociar".

"Bajo la excusa de la crisis se pretende vulnerar una vez más la ley o sea el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, aprobado por absoluto consenso de todo el arco parlamentario en 2007. Se sustituye el derecho a la negociación colectiva por la imposición autoritaria".

El sindicato denuncia que "esto se hace para acatar las imposiciones directas realizadas tras el rescate del sector financiero español". Se trata de "condiciones e imposiciones que el gobierno ha negado que se hubiesen producido durante la negociación del rescate y que los hechos hoy desmienten".

CCOO critica que están "sin otra información más que los distintos rumores publicados por la prensa" y que "desde la propia administración se adelanta que serán medidas muy duras que afectarán al empleo, a los salarios y a las condiciones de trabajo, sin que hasta hoy se hayan concretado por parte del Gobierno".

Para el Área Pública (Servicios a la Ciudadanía, Sanidad y Enseñanza) de CCOO, "esta nueva tropelía del Gobierno resulta inaceptable ya que añade más injusticia a una situación caracterizada por la perdida ya producida de más de 180.000 empleos en el sector público, a lo que hay que añadir la pérdida de poder adquisitivo por encima del 13 por ciento de las personas al servicio del sector público".

Todo ello, ha agregado en comunicado, "no solo deteriora la calidad del servicio y las condiciones laborales de estos trabajadores sino que perjudica gravemente al conjunto de la economía al retraer la demanda y reducir la capacidad de intervención del Estado".

CCOO lo rechaza "por autoritario, injusto y perjudicial para el conjunto de las personas al servicio de los ciudadanos y para la mayoría de la sociedad".

El citado sindicato se opondrá "con todos los medios a su alcance al atropello a los empleados y empleadas públicas que pretende llevar a cabo el gobierno, para lo que se dirigirá al resto de sindicatos del ámbito de lo público para proponer llevar a cabo una campaña unitaria contra los recortes".

Consideran que el Gobierno ha de saber que "estos recortes tampoco van a ser pacíficos, con lo que, sino rectifica, será el propio gobierno quien se reafirma en que opta por la confrontación, renunciado al dialogo social y apostando por la imposición".