El consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, y la presidenta de la Diputación de Teruel (DPT), Carmen Pobo, han suscrito este miércoles en la sede de la institución provincial un importante acuerdo en materia de protección civil. Se trata de una addenda al actual convenio en vigor entre dichas administraciones que permitirá la realización de iniciativas formativas y adquisición de diversos materiales.

Durante el presente ejercicio presupuestario, el Gobierno de Aragón financiará con 125.000 euros un amplio repertorio de programas y actuaciones a llevar a cabo por la DPT.

Por otra parte, el acuerdo confirma la clara voluntad política de trabajar coordinadamente en el desarrollo de una labor tan fundamental, como la prevención e intervención en operativos de emergencia.

La subvención se desglosará en dos grandes grupos de finalidades. Por un lado, 25.000 euros irán destinados a financiar cursos de formación para el personal de la DPT dedicado a la extinción de incendios y para los voluntarios de las Agrupaciones de Protección civil de la provincia.

Por otro, 100.000 euros se dedicarán a sufragar los gastos derivados de la dotación y mejora del equipamiento del Servicio de extinción de incendios de la DPT y permitirán sufragar la adquisición y acondicionamiento de instalaciones y equipamiento destinados a protección civil.

Otras actuaciones

Las actuaciones previstas o en ejecución en materia de protección civil, para este año 2012, serán las siguientes: adquisición y acondicionamiento de un vehículo para la mejora de la operatividad de las campañas de vialidad invernal de la DPT; compra de material y herramientas para intervenciones diversas del Servicio de Extinción de Incendios; adquisición de programa y material informático, audiovisual y de posicionamiento terrestre para el Servicio de Extinción de Incendios de la DPT, y tramitaciones y actuaciones necesarias para la regularización de la ubicación del helicóptero del Servicio 112 SOS Aragón.

Además este convenio permitirá mantener al personal técnico cualificado en la plantilla de la Diputación para llevar a cabo las funciones de protección civil en la provincia. Ello supone una aportación del Ejecutivo autonómico de 30.000 euros anuales.