La Confederación de Entidades para la Economía Social (Cepes) de Andalucía se ha mostrado en contra de la liberalización de horarios comerciales, prevista por el Gobierno central para incrementar de 72 a 90 las horas semanales de apertura y de ocho a 10 el mínimo de festivos autorizados, ya que, según el vicepresidente de esta entidad, Francisco Moreno, es una medida que "favorecerá la competencia desleal entre las grandes superficies y los pequeños comercios".

El vicepresidente de Cepes-A, que ha asistido este miércoles en Málaga a la presentación del Cupón de Fin de Semana de este domingo de la ONCE, dedicado al Año Internacional de las Cooperativas, ha señalado que "la liberalización de los horarios va en contra de lo que son los derechos fundamentales de las personas y sólo favorece a las grandes superficies".

Ha hecho referencia a las ventajas con las que cuentan las grandes superficies frente a las pequeñas y medianas empresas, ya que las primeras tienen "la posibilidad de una mayor contratación de trabajadores", mientras que "las pymes suelen ser en su mayoría negocios familiares".

También ha dejado claro el representante de Cepes-A que la aprobación del Real Decreto Ley de medidas urgentes de liberalización en materia de horarios comerciales sería "algo muy negativo para el negocio autóctono, para los negocios locales y para las personas que viven en el territorio".

Junta de andalucía

Por su parte, la delegada en funciones del Gobierno andaluz en Málaga, Marta Rueda, también ha trasladado el rechazo de la Junta de Andalucía a esta medida, ya que "se beneficia a las grandes superficies, empeorando la situación de los pequeños comercios".

Precisamente, este mismo miércoles el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha anunciado la intención de la Junta de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) si el Gobierno de la Nación aprueba este Real Decreto Ley.

Así, Rodríguez ha expresado el rechazo de la Junta a estas medidas por considerar que tendrán "un impacto negativo" sobre las pymes del sector y sobre el empleo y ha cuestionado que el Ejecutivo central pueda aprobar esta norma por decreto-ley según la jurisprudencia del propio TC.