En la iniciativa, que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara y a la que ha tenido acceso Europa Press, IULV-CA solicita en concreto la modificación del artículo 3.a de la citada ley, que establece que "queda prohibida la permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas".

Según la federación de izquierdas, esta redacción de la norma "utilizando términos ambiguos" da lugar a "inseguridad jurídica" a la hora de aplicar la ley, por lo que subraya la importancia de "concretar las actividades que se consideren pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana, en aras del cumplimiento del principio de legalidad".

IULV-CA pone de manifiesto que "desde la entrada en vigor, en diciembre de 2006, de la 'Ley antibotellón' aumentaron sensiblemente las quejas ciudadanas por la actuación de la Policía Local de Sevilla, registrándose en el año 2007 seis denuncias por agresiones y detenciones ilegales contra este Cuerpo de seguridad, una estadística alta si se compara con las denuncias interpuestas en 2005 (anterior a la aprobación de la ley), donde solo se presentó una denuncia de estas características".

En su opinión, "esta situación resulta aún más alarmante si se tiene en consideración que durante el año 2007 Andalucía fue el segundo territorio en número de denuncias de este tipo, por detrás de Cataluña y País Vasco, tal y como se publicó en el Informe Anual de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura".

Por último, la iniciativa de IULV-CA señala que "una de las causas principales de esta inseguridad jurídica viene producida por el propio articulado de la referida ley, que, en un presunto incumplimiento del principio constitucional de legalidad, no tipifica el hecho sancionable, utilizando términos ambiguos que dan lugar a esta inseguridad jurídica a la hora de la aplicación del precepto".