Los grupos de la oposición —PSdeG y BNG— han denunciado este viernes falta de consenso para incluir en el orden del día del pleno extraordinario que tendrá lugar el próximo martes, día 3 de julio. En él, comparecerá la conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, y se abordarán dos iniciativas legislativas promovidas por el Grupo Popular (reforma del reglamento para el voto de las embarazadas y reforma de la Ley del Valedor).

Frente a esas críticas, el portavoz parlamentario Popular, Pedro Puy, ha defendido la capacidad de su grupo para emplear la prerrogativa que le otorga el Reglamento de la Cámara para pedir la celebración de un pleno extraordinario en el periodo considerado inhábil (que se ha activado). El articulado dice que tienen derecho a pedir una sesión de este tipo la mayoría del hemiciclo, la diputación permanente —órgano que sustituye al pleno en periodos no ordinarios— y la Xunta, solicitud que tiene que llevar aparejada una propuesta de orden del día.

Por ello, en su rueda de prensa posterior a la Xunta de Portavoces en la que se ha aprobado la convocatoria de este pleno, Pedro Puy ha defendido que el mes de julio está habilitado al completo y que, por lo tanto, puede haber otras sesiones. Además, ha proclamado que es la "primera vez que hay un calendario" de trabajo en el mes de julio, puesto que se han habilitado también las comisiones Institucional y del Reglamento para la tramitación de las iniciativas legislativas.

De hecho, para cumplir los planes de los populares de aprobar en este mes de julio las dos propuestas de ley que ha introducido el grupo mayoritario de la Cámara, es preciso que haya, al menos, un segundo pleno, ya que tras el trabajo en ponencia, los textos deben ser ratificados por el pleno del Parlamento.

Además del trabajo en torno a estas dos reformas normativas, que está previsto en los lunes del mes de julio, también seguirá adelante la comisión no permanente para el seguimiento de las políticas relativas a la discapacidad. Este viernes también se ha aprobado la creación de una comisión para la redacción de una nueva Ley del Suelo.

Falta de "pluralidad"

Pese a ello, la portavoz del Grupo Parlamentario del BNG, Ana Pontón, ha observado una "instrumentalización" de la Cámara gallega, algo similar a lo visto por su homólogo del PSdeG, Abel Losada, quien ha concluido que el Gobierno gallego usará en julio el hemiciclo como "campaña publicitaria" y "sala de prensa".

Pontón ha censurado la "falta de pluralidad" en el orden del día y que el PPdeG "se niegue" a negociar un orden del día para que todos los grupos puedan introducir iniciativas como si fuese un pleno ordinario, algo que Puy ha rebatido asegurando que esa posibilidad no está en el Reglamento.

"El PP está haciendo ventajismo político y aprovechando su mayoría absoluta para introducir sólo las iniciativas y debates que le conviene", ha censurado Pontón, quien ha denunciado, asimismo, que "se silencie la voz del pueblo gallego" al tampoco incluir las iniciativas legislativas populares sobre Preescolar na Casa y en defensa de la sanidad pública.

A este último aspecto también se refirió el portavoz del Grupo Socialista, quien ha hecho un balance "claramente negativo" del resultado de la reunión de portavoces, al quedar excluidos estos asuntos, lo que es "una muestra de la muy poca colaboración" que le atribuye al PPdeG.

Pedro Puy incidió en que la solicitud de pleno extraordinario lleva pareja un orden del día concreto, lo cual fue lo que resultó aprobado, y ha avisado que "también sería voz del pueblo" las iniciativas legislativas populares que tardaron "17 meses" en debatirse en la Cámara cuando estaban "listas" y gobernaba el bipartito, singularmente —dijo—, la del plus de altos cargos.

Por otro lado, el Grupo Socialista prosigue con su solicitud de diputación permanente (que podría suponer la convocatoria de otro pleno si recibe el respaldo de la mayoría que tiene el PPdeG), ya que insiste en que es necesaria la comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; o para aprobar que se presenten recursos de inconstitucionalidad a los decretos de sanidad y de educación del Gobierno central.