El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles con el voto unánime de todos los grupos (Popular, Socialista y Mixto) la modificación de la Ley que regula la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y por parte de los ayuntamientos con la que se pretende facilitar la presentación de dichas propuestas y acercar el Parlamento a los ciudadanos.

En concreto, una de las modificaciones incluidas en el texto de la ley supone que el número de firmas exigido para ejercer la Iniciativa Legislativa Popular sea de, al menos, el uno por ciento de los electores del censo autonómico vigente el día de la presentación, mientras que hasta el momento era necesario el respaldo de un mínimo de 25.000 electores.

Por otro lado, se mantiene el requisito de que los electores correspondan a la mayoría de las circunscripciones electorales de la Comunidad que representen cada una de ellas, como mínimo el uno por ciento del respectivo censo provincial.

También se suprime como causa de inadmisión a trámite de las iniciativas legislativas presentadas el hecho de que exista previamente una PNL aprobada por las Cortes en la misma legislatura con idéntico objeto y se amplía el plazo de seis a nueve meses para la recogida y entrega de firmas a la Junta Electoral de Castilla y León y se posibilita su recogida mediante el sistema de firma electrónica.

Por otro lado, se introduce la obligatoriedad de que las proposiciones de ley se incluyan efectivamente en el orden del día del Pleno de las Cortes en el plazo máximo de seis meses. De esta forma, a partir de ahora, los promotores tendrán la posibilidad de dirigirse a la Cámara para presentar la Proposición de Ley en el debate para su toma en consideración al tiempo que se incorpora la posibilidad de conversión de la iniciativa legislativa en una petición ante las Cortes de Castilla y León en el plazo de un mes en el supuesto de inadmisión.

En la nueva modificación se introducen mejoras de carácter técnico y procedimental y se clarifican diversos aspectos de la norma vigente, como la flexibilización del sistema de verificación de firmas que se efectuará a través de la Oficina del Censo Electoral, sin necesidad de aportación de certificado previo junto a los pliegos que contengan la proposición. También se hace constar expresamente la necesidad de que los pliegos estén escritos en castellano y se aclaran aspectos procedimentales relativos a la regulación del supuesto de inadmisión de la proposición presentada.

Los tres intervinientes en este debate (Alfonso García Vicente, del PP; Ana Redondo, del PSOE, y José María González, del Grupo Mixto) han coincidido al destacar el importante consenso alcanzado para la aprobación de una ley que modificará el funcionamiento de las propias Cortes regionales al facilitar que los propios ciudadanos defiendan en la tribuna de oradores sus iniciativas y propuestas para la Comunidad.

Escaño ciudadano

En este sentido, la viceportavoz socialista ha animado a los castellanoleoneses a hacer uso del "escaño ciudadano" en defensa de sus propuestas y ha alabado especialmente que esta ley esté "suficientemente financiada", algo "realmente extraño en los tiempos que corren", ha admitido, que permitirá resarcir a los proponentes de los gastos asumidos para la presentación de la IPL con hasta 15.000 euros, en lo que ha considerado "un alivio y acicate".

Por su parte, García Vicente ha recordado que con la aprobación este miércoles de esta ley se da cumplimiento a una promesa asumida por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el pasado 23 de junio de 2011 si bien ha considerado que es algo más que un compromiso de legislatura ya que tendrá una aplicación "de calado" y de largo recorrido en el tiempo al permitir a los ciudadanos que sean escuchados directamente sin la intermediación, "tergiversaciones" o "ambigüedades" de los políticos.

Mientras tanto, González, de IU, ha aplaudido el valor del consenso en un tema por el que ha sido criticado desde fuera por considerar que la modificación de la ley es "insuficiente". El portavoz del Grupo Mixto ha defendido no obstante que con el acuerdo alcanzado este miércoles en las Cortes se dan pasos importantes y fundamentales para facilitar la presentación de iniciativas legislativas ciudadanas.

González ha admitido asimismo que el trámite parlamentario de la modificación de esta ley ha sido "una escuela de aprendizaje"a todos los niveles para un procurador "novato, que no virgen", como él.

Por último, Ana Redondo ha aprovechado la ocasión para pedir que este tipo de acuerdos de la Cámara se puedan extender a las instituciones estatales para otras materias de importancia para Castilla y León, como es el caso de la minería de carbón, un asunto que, según ha recordado, se ha debatido al mismo tiempo en el Parlamento nacional como consecuencia de una interpelación socialista.

"Es lo que están pidiendo los ciudadanos, que sus políticos se hagan cargo de su situación e intenten dar esa respuesta todos estamos esperando", ha sentenciado.