El portavoz de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle, ha aplaudido este lunes la decisión del Gobierno andaluz de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el decreto ley 16/2012 de medidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, una norma que ha tachado de "chapucera" por cuanto invade "muchas leyes estatales aún vigentes".

Sánchez Bayle, que ha valorado que Andalucía siga los pasos del Gobierno vasco, ha sostenido en declaraciones a Europa Press que existen "muchos motivos" para recurrir este decreto sanitario, "por cuanto invade competencias autonómicas, el artículo 43 de la Constitución (de protección de la salud) y además es contradictorio con muchas leyes que siguen estando aún hoy en día en vigor, como la Ley General de Sanidad, la Ley de Salud Pública o la Ley de Cohesión Sanitaria", ha enumerado.

"Creemos realmente que es un decreto muy malo y que hay que intenta recurrirlo ante los tribunales", ha proseguido el portavoz de la FASP, quien además ha insistido en la forma de proceder "chapucera" en el redactado de la norma estatal, "ya que primero se aprobó y luego se hicieron modificaciones que no se convalidaron en pleno".

Preguntado por si hay suficiente materia judicial como para recurrir este real decreto y que, al menos, se paralice, ha insistido que existen "motivos jurídicos suficientes para que este decreto se invalide", si bien ha advertido de que "lo que sucede a veces en los tribunales españoles es difícil de entender para el común de los mortales y desde luego imprevisible".

"No sabemos que pasará, ya que en este país hay cuestiones que se hacen con gran celeridad y otras que tardan mucho. Véase el caso del juez Garzón, que ya ha tenido su juicio y está en la calle, mientras que para la trama Gürtel todavía no hay fecha para el juicio", ha reprochado Sánchez Bayle.

Por ello, ha lamentado a Europa Press que "la justicia española desgraciadamente es impredecible y en cualquier cosa que se diga la probabilidad de equivocarse es grandísima".

El presidente del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, ha anunciado este lunes que su gobierno va interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto aprobado el pasado abril por el Gobierno central al entender que la norma aprobada el 20 de abril "vulnera" la Constitución al "no garantizar" el derecho a la protección de la salud reconocido en la Carta Magna y se lo "hurta" a los inmigrantes y a los colectivos "mas desfavorecidos".