Además, provocó el registro, el martes, de un nuevo retén policial, de donde la Guardia Civil se llevó vídeos y documentos que pueden inculpar a más agentes. Esta operación se une a la que está realizando otro juzgado del municipio y que ha inculpado ya a 15 municipales por presuntas torturas a detenidos, y a los concejales de Seguridad y Sanidad por encubrimiento y por falsear informes. La investigación se originó a raíz de dos denuncias. En la primera, dos arrestados (por tirotear a un guardia civil) denunciaron agresiones. La otra es de hace dos meses y relata cómo los policías presuntamente pegaron a un arrestado tras descubrirlo robando en el chalé de un agente.