La asamblea de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) de la que saldrá su nueva dirección se convocará finalmente a partir del mes de septiembre.

El actual presidente de la FAMP y alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano, ha explicado a Europa Press que planteó a los partidos que la única fecha disponible para celebrar la asamblea antes de las vacaciones de verano era el 30 de junio, pero finalmente no se ha podido cerrar.

El mes de julio es prácticamente imposible, según ha agregado, dado que partidos como el PSOE-A, PP-A y Partido Andalucista están inmersos en procesos congresuales.

La renovación de la FAMP está paralizada desde que el pasado 26 de noviembre de 2011 no se pudiera desarrollar la asamblea convocada para elegir la nueva dirección de la federación por falta de acuerdo entre los partidos.

El PP-A llevó el asunto incluso a los tribunales y siempre ha mantenido que le corresponde la presidencia de la federación por ser la fuerza política que ganó en Andalucía las pasadas elecciones municipales del 22 de mayo de 2011. Por su parte, el PSOE-A propuso a Francisco Toscano para que continuará como presidente de la federación.

El pasado 8 de junio se celebró una reunión de la Ejecutiva de la FAMP en la que Toscano propuso que la asamblea para renovar la estructura de esta institución se celebrara antes de que finalizase este mes, una propuesta ante la que, según apuntó, se encontró con la "negativa" del PP-A, "que quiere dejarla para después del verano".

Explicó además que IULV-CA y el Partido Andalucista no pusieron "ningún tipo de impedimento" para ello, pero que el PP-A demandó que se iniciara "desde el principio" el procedimiento para convocar la asamblea, lo que supondría que tuvieran que realizarse más reuniones que alargarían el plazo para la celebración de la misma.

El presidente de la FAMP, que defendió ese día que la asamblea se reanude en el mismo punto que se suspendió el pasado mes de noviembre cuando los partidos no fueron capaces de alcanzar un acuerdo, apuntó, no obstante, que los servicios jurídicos de la federación estudiarían la posibilidad planteada por el PP-A.