Reyval Ambient ha remitido al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana una queja formal y toda la argumentación jurídica correspondiente para que exija al Ayuntamiento de l'Alcora (Castellón) el cumplimiento de sus obligaciones legales y el cese de la "campaña de persecución administrativa y judicial" contra la empresa.

En la queja presentada por Reyval se explica desde la concesión de la Autorización Ambiental Integral (AAI) en junio de 2011 para ejecutar una planta incineradora, después de una tramitación de cinco años, hasta las "numerosas trabas administrativas y legales" a las que ha estado sometida la empresa por parte de la corporación municipal de l'Alcora, según ha informado la firma en un comunicado.

Así mismo, recuerda la participación "activa e irresponsable" del Gobierno municipal "en una brutal campaña de desprestigio basada en graves mentiras sobre supuestos daños sobre la salud pública, no sólo de la futura instalación, sino de la actual actividad de Reyval Ambient". La empresa ha puesto en manos del Síndic todos los antecedentes jurídicos con todas las sentencias favorables a Reyval Ambient.

Expone también ante el defensor del pueblo valenciano que la actitud y labor "obstaculizadora" del Ayuntamiento es "reiterativa desde hace años" y añade que el consistorio "ha judicializado de manera anormal la actividad profesional de Reyval y le ha obligado a sufrir costes y dilaciones para poder obtener las licencias y autorizaciones municipales necesarias para su actividad".

"Todo ello ha repercutido muy negativamente sobre la empresa, más aún cuando Reyval Ambient ha tenido que ir ganando todos y cada uno de los procedimientos judiciales, hasta el punto que los jueces han dirigido en sus sentencias severas advertencias al Ayuntamiento, recordándole que está incurriendo en 'temeridad en la imposición de sanciones reiteradas a la mercantil recurrente, que prácticamente impiden el ejercicio de su actividad, y que han sido todas ellas anuladas en vía contenciosos-administrativa'", ha explicado la firma.

PRÓRROGAS

Reyval Ambient le indica al Síndic que los plazos de tiempo de la AAI deben ser cumplidos, pero que "ante las trabas administrativas y legales" del Ayuntamiento de l'Alcora, ha solicitado una prórroga de tres años de los plazos de la primera fase de la AAI y una prórroga de seis años para la ejecución de la segunda fase.

Esta prórroga —explica la firma— "viene motivada tanto por la obstaculización administrativa por parte del Ayuntamiento en la obtención de las licencias de obras, como por la persecución judicial con la interposición de un recurso de alzada —ya resuelto a favor de Reyval Ambient— y de un recurso contencioso-administrativo pendiente de resolución".

En la queja presentada ante el Síndic de Greuges se hace una mención especial a la "participación activa" del Ayuntamiento en una "brutal campaña de acoso y hostigamiento", cuyos resultados "están repercutiendo de manera muy negativa, no ya en la futura instalación, todavía sin construir, sino en la actividad actual de Reyval Ambient".

Añade que "A los efectos devastadores de la crisis económica, Reyval además debe sumar los daños sobre su facturación ocasionados por las constantes trabas administrativas del Ayuntamiento y la presión sobre sus clientes con informaciones y noticias falsas, muy perjudiciales para el prestigio profesional de Reyval Ambient".

Por todo lo expuesto, "y ante la situación de grave peligro de continuidad de los actuales puestos de trabajo de Reyval Ambient por la actitud de dilación y trabas administrativas del Ayuntamiento de L'Alcora", la empresa solicita que el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana intervenga.

Responsabilidad política

Reyval Ambient insta al Gobierno municipal a asumir la "responsabilidad política" y, sobre todo, al cumplimento de su obligación legal "de no intentar dilatar los plazos de tiempo otorgando las licencias oportunas para el desarrollo de un acto reglado como es una AAI". Recuerda que, según el ordenamiento jurídico, "la reiteración municipal en su estrategia de interrumpir plazos puede traer en un futuro inmediato responsabilidades por presunta prevaricación tanto a los funcionarios públicos como a los cargos políticos correspondientes".

Al mismo tiempo, Reyval Ambient solicita amparo al Síndic de Greuges para que inste al gobierno municipal de l'Alcora a cesar en "la campaña brutal de acoso, hostigamiento y persecución que se ha organizado con la autorización y medios públicos facilitados desde el Ayuntamiento de l'Alcora, una campaña de agitación y propaganda basada en graves falsedades, que crea miedo y alarma social y que está ocasionando graves perjuicios en nuestro trabajo y normal funcionamiento de la empresa".