Las Juntas Generales de Bizkaia han rechazado la creación de una nueva prestación social, propuesta por Bildu y dirigida a las personas que no pueden acceder a la renta de garantía de ingresos por no cumplir los requisitos de empadronamiento. Los junteros del PNV, PSE y PP han coincidido en advertir de que no es posible extender estas ayudas a todas las personas porque los recursos públicos son limitados y afectaría a la sostenibilidad del sistema.

En el pleno celebrado este jueves en Gernika, la representante de Bildu Amaia Agirresarobe ha alertado de que, como consecuencia de la crisis y las modificaciones introducidas en las prestaciones sociales, se está produciendo un aumento de ciudadanos que "pasan de la precariedad a la exclusión".

En este sentido, la proposición no de norma de Bildu recuerda que se han introducido "múltiples cambios" en la Ley de Garantía de Ingresos, provocando "el debilitamiento de la población" de Euskadi y "más aún en Bizkaia, donde más pobreza se concentra". En concreto, alerta del aumento de uno a tres años el plazo de empadronamiento para poder cobrar la RGI.

Además, apunta al "endurecimiento" de las condiciones para acceder a las ayudas especiales de inserción social por parte de la Diputación.

Por todo ello, ha pedido instar a la Diputación a regular una nueva prestación social que "garantice unos ingresos mínimos" a las personas que hayan "perdido" la RGI, estableciendo un periodo mínimo de empadronamiento de seis meses para optar a ella.

En la defensa de la iniciativa, que sólo ha obtenido el respaldo de la coalición abertzale, Agirresarobe ha insistido en que, salvo que se produzca un "giro copernicano a las actuales políticas neoliberales", en Bizkaia se asistirá a una "fuerte expansión de condiciones de vulnerabilidad y exclusión".

La juntera de Bildu se ha mostrado convencida de que esta iniciativa es "viable" y ha rechazado que se use el "manido conflicto de competencias" en contra de la iniciativa. Según ha indicado, en tiempos de crisis, es preciso "fortalecer" el sistema de protección social.

Recursos públicos

Por su parte, el juntero del PNV Jon Larrea ha rechazado la propuesta de Bildu alegando que la creación de esta nueva prestación no respeta el ámbito competencial y le ha instado a que, si está en desacuerdo con el actual modelo, lo plantee en el Parlamento vasco.

Larrea ha apuntado que el sistema vasco de garantía de ingresos y de inclusión social debe ser "único", mientras que la iniciativa abertzale supone crear un segundo sistema "por la vía del hecho".

Además, ha valorado el actual sistema de protección social, aunque "no compartamos algunas modificaciones en la ley", insistiendo en que "no es inagotable" y, por tanto, si no se garantiza la sostenibilidad no podrá cumplir sus objetivos. De este modo, ha rechazado "el subsidio sin límite" y ha abogado por implementar medidas de promoción económica y fomento del empleo.

El juntero del PSE Juan Otermin ha reivindicado un uso "responsable" de los recursos públicos, lo que obliga a "marcar algunos límites a la solidaridad" que Bizkaia puede "sostener".

"A todos nos mueve el bien público y el deseo de garantizar la protección a quienes más lo necesitan, a todos nos resulta violento hablar de fraude en las prestaciones sociales, consideramos deleznable estigmatizar al pobre con la sospecha de que puede ser un pícaro. Sin embargo, debemos reconocer que los recursos son limitados y que nuestro sistema de garantías es de lo mejorcito que hay en Europa", ha indicado.

El representante socialista ha advertido, asimismo, de que proponer "una especificidad" en el territorio vizcaíno "no va en defensa de un país con tres territorios".

Por su parte, el juntero del PP Eduardo Andrés ha defendido la necesidad de "adecuar" los plazos empadronamiento de las prestaciones de RGI porque es de "sentido común" y, además, "nos jugábamos que quebrase" el sistema por ser "inviable".

Andrés ha replicado a Bildu que podían haber situado su periodo de empadronamiento "en seis semanas o seis días". "Nos proponen café para todos. Estaríamos encantados, pero no hay bastante en caja", ha asegurado.

Asimismo, ha pedido a la Diputación que concrete "lo antes posible" las medidas que se van a adoptar y cómo va a gestionar el anuncio de que "no estarían desatendidas" las personas en riesgo de exclusión social pero sin derecho a recibir las ayudas de inserción.