La Xunta y las diputaciones han asumido el compromiso de incrementar "la transparencia y evaluación de la eficacia" de las distintas subvenciones públicas que gestionen en el ámbito de sus competencias, según recoge el protocolo marco que firmaron este miércoles el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, y los cuatro responsables provinciales.

En el documento, que incorporó a última hora algunas demandas de la Diputación de Lugo, se estipula, además, que "siguiendo la orientación ya impulsada por la Xunta", las diputaciones "favorecerán" también en sus ayudas a los proyectos que impliquen la gestión compartida de los servicios entre varios municipios.

Al tiempo, constata que el Gobierno gallego "se comprometerá" a primar en sus convocatorias de subvenciones a los ayuntamientos que participen en fórmulas de prestación de servicios públicos de forma conjunta "en las que participen" las diputaciones.

En relación al compromiso de "aumentar la transparencia y la evaluación de la eficacia", el acuerdo recoge que el reto alcanzar "una mayor homogeneidad" en la tramitación y gestión de las líneas de ayuda. Con carácter "orientativo", vincula con este objetivo a subvenciones a deportistas, ayudas de promoción de la igualdad y de lucha contra la violencia de género, y subvenciones a ayuntamientos y entidades para actividades culturales, entre otras.

Sobre la base de estas orientaciones, las administraciones implicadas prevén elaborar un "catálogo inicial" con aquellas líneas de ayuda en las que se observa "un mayor grado de concurrencia" entre los dos niveles de gobierno, con el fin de "unificar esfuerzos, créditos presupuestarios y prioridades".

Asistencia a municipios

El protocolo suscrito por los presidentes de las diputaciones y Feijóo recoge que las instituciones provinciales "reforzarán" sus servicios de asistencia "jurídica, económico-financiera y técnica" a los municipios, intentando garantizar "con personal propio" a todos los ayuntamientos que lo pidan la elaboración, por ejemplo, de dictámenes jurídicos y la representación procesual en juicio.

También se busca "garantizar" el asesoramiento y la emisión de informes que los municipios puedan precisar en materia económico-financiera y la realización de informes técnicos en materia urbanística. En todos los casos, la prestación de la asistencia "se dirigirá preferentemente a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes".

El acuerdo contempla que Xunta y diputaciones "podrán firmar convenios de colaboración" en los que se establezcan aportaciones económicas por parte de la Administración autonómica para alcanzar este objetivo.

Igualmente, recoge la colaboración de todas las administraciones implicadas en la puesta en marcha de un "plan integral de asistencia a las emergencias" que tenga como objetivo "la cobertura de la totalidad" del territorio de la Comunidad.

Asimismo, se prevé la elaboración de un plan de formación para el personal al servicio de la Administración local de Galicia y se compromete el esfuerzo de Xunta y diputaciones para avanzar en la "planificación conjunta y la coordinación" de las inversiones que se desarrollan para la implantación de la administración electrónica.

Políticas activas de empleo

Además de incorporar el compromiso de impulsar de forma conjunta un plan gallego de cooperativismo agroganadero y forestal y de formular propuestas "concretas" contra el envejecimiento poblacional, dos extremos a los que la Diputación de Lugo otorgó una importancia clave, las instituciones implicadas prometen "coordinarse" en la ejecución de políticas activas de empleo.

A tal efecto, la Xunta suscribirá con las diputaciones convenios de colaboración en los que se recogerán "las aportaciones económicas" aportadas por la Administración autonómica para "facilitar" la ejecución, por parte de las instituciones provinciales, de estas políticas.

Por último, el protocolo constata que las previsiones recogidas en el mismo se desarrollarán "sin perjuicio" de las funciones que en las materias que abordan ejerza la futura área metropolitana de Vigo en su ámbito territorial, cuando la ley entre en vigor, y siempre en lo que se refiere a las competencias que le transferirán a este ente Xunta y Diputación de Pontevedra.

Comisión de seguimiento

El acuerdo marco, en cuya firma estuvieron presentes también el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, y el titular de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, prevé la constitución de una comisión general de seguimiento.

Dicha comisión estará presidida, de forma rotatoria, por el titular de la consellería con competencias en materia de régimen local y los presidentes de las diputaciones. Este órgano se reunirá al menos una vez al año y "cuantas veces sea convocada" por el presidente, pudiendo solicitarse la convocatoria por la cuarta parte del número de miembros.