El juicio por el vertido del buque 'Prestige' arranca el 16 de octubre y se prolongará hasta mayo

  • Están acusados el capitán del buque, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el primer oficial, Ireneo Maloto.
  • También el entonces director general de la Marina Mercante José Luis López-Sors González, por supuesto delito contra el medio ambiente y daños.
  • El abogado de Nunca Mais, Pedro Trepat confía en que el juicio del Prestige sirva para "que se depuren responsabilidades de toda índole".
El desastre del Prestige se produjo cuando un buque petrolero resultó accidentado el 13 de noviembre de 2002, mientras transitaba cargado con 77.000 toneladas de petróleo, frente a la costa de la Muerte, en Galicia.
El desastre del Prestige se produjo cuando un buque petrolero resultó accidentado el 13 de noviembre de 2002, mientras transitaba cargado con 77.000 toneladas de petróleo, frente a la costa de la Muerte, en Galicia.
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El desastre del Prestige se produjo cuando un buque petrolero resultó accidentado el 13 de noviembre de 2002, mientras transitaba cargado con 77.000 toneladas de petróleo, frente a la costa de la Muerte, en Galicia.

El juicio oral por la catástrofe medioambiental provocada por el petrolero Prestige comenzará el próximo 16 de octubre y, de acuerdo con el calendario calculado por la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, se prolongará hasta el 29 de mayo del 2013. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) han informado de que el lugar para la celebración del juicio está todavía sin fijar y se decidirá de forma definitiva en fechas próximas.

La Audiencia provincial de A Coruña designó el pasado 22 de marzo el tribunal encargado de enjuiciar la causa del Prestige, el petrolero que se partió en noviembre de 2002 frente a las costas gallegas y causó una catástrofe medioambiental. El auto del Prestige fue remitido el pasado día 14 de noviembre por el Juzgado de primera instancia de la localidad coruñesa de Corcubión a la Audiencia Provincial, que ha fijado ahora la fecha del juicio.

Están acusados el capitán del buque, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el primer oficial, Ireneo Maloto, por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia-resistencia, así como el entonces director general de la Marina Mercante José Luis López-Sors González, por supuesto delito contra el medio ambiente y daños.

Asimismo, están imputados como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la contaminación por hidrocarburos, y como responsables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd y el Estado español.

La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 1.264 millones de euros. Serán un total de 2.128 las partes personadas defendidas por 51 letrados y representados por 28 procuradores. Además, han sido admitidos 133 testigos y un total de 98 pruebas periciales.

El 13 de noviembre de 2002 el petrolero se encontraba navegando, con unas 77.000 toneladas de fuel, a 28 millas de Fisterra, cuando en medio de un temporal sufrió una vía de agua. Unos días después, el 19 de noviembre, tras intentar alejar el buque de la costa, el Prestige se partió en dos y se fue a pique, provocando un vertido en las costas gallegas que movilizó a una marea de voluntarios de todos el mundo.

"Que se depuren responsabilidades"

El abogado de Nunca Mais, Pedro Trepat confía en que el juicio del Prestige sirva para "que se depuren responsabilidades de toda índole" y como un "escarmiento ejemplarizante" para que no se reproduzcan actuaciones "tan irresponsables".

Trepat ha criticado que la instrucción "se prolongara de manera desproporcionada con los consiguientes trastornos, en perjuicio de la propia administración de Justicia y en beneficio de los propios imputados, que podrán alegar ahora dilación indebida". Recordó que siempre había señalado que no se había dotado al juzgado de Corcubión de los medios necesarios "para una causa de esta envergadura".

Sobre las razones de esta circunstancia, apuntó "la propia dejadez inherente al trato que se le da en general a los problemas de Galicia y por el hecho de la responsabilidad que el Estado pudiera tener en la propia tramitación de la causa".

Sobre sus perspectivas a estas alturas del proceso, ha expresado su confianza en que se saquen las conclusiones necesarias para que, si volviera a producirse un acontecimiento como éste, "que no es imprevisible, al menos el comportamiento de los responsables no sea el que fue en este caso, que sirva de escarmiento ejemplarizante para que no se reproduzcan actuaciones tan irresponsables".

Para Trepat, la "conclusión obvia" de este proceso tiene que ser "que los técnicos tienen que ser los que toman las decisiones", que no se pueden tomar, en temas tan estratégicos como éste, en base únicamente a cuestiones políticas coyunturales".

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