La Plataforma en Defensa de la Bahía de Santander (DEBA, colectivo formado por varias asociaciones que se oponen al emplazamiento del Centro Botín en el muelle de Albareda) han llamado la atención sobre la "excepcional agilización" de los trámites para la instalación de este equipamiento cultural de la Fundación Botín, con la que creen que se "subordina" el interés general de la ciudad a los "intereses políticos y personales" de un alcalde y al "capricho" de un banquero.

Este colectivo ha solicitado en los tribunales la suspensión cautelar de la modificación puntual número 9 del Sistema General portuario, el trámite que permite la construcción del Centro Botín en esa zona.

Activistas de DEBA se han concentrado en la Grúa de Piedra, justo al lado, y a la misma hora, en que se desarrollaba el acto de colocación de la primera piedra del centro, con la asistencia del presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, entre otros.

A ellos se les han sumado trabajadores y familiares de la residencia de ancianos de La Pereda, cuyo cierre se ha anunciado por el Gobierno regional, y donde se están produciendo ya traslados de personal y usuarios a otros centros.

Los miembros de la plataforma en Defensa de la Bahía han repartido folletos a los viandantes en los que se explican los efectos del Centro Botín sobre la zona y también el conjunto de las actuaciones que afectan al Frente Marítimo de Santander.

El colectivo insiste en que el proyecto no es "legal" porque no se han culminado todos los trámites, y pese a ello se inician las obras, y han denunciado que se esté "adaptando" el urbanismo de Santander a una fundación privada.

Desde el colectivo recuerdan que la "excepcional agilización" por parte de las autoridades de los trámites técnicos y administrativos son "de cara" al campeonato de vela en 2014 y al 50 aniversario de la Fundación Botín, que "subordinan el interés general a los intereses político-personales de un alcalde y a los caprichos de un banquero" en lo que califican de un "escándalo antidemocrático y un abuso de poder".

Suspensión cautelar

En cuanto a la suspensión cautelar, los argumentos en que se basa son la "irreversibilidad" del daño que se produciría al interés general, al afectar a una zona de dominio público, en la que defienden que "los intereses generales deben de prevalecer sobre los particulares de una fundación privada".

Según recuerdan, la Ley de Puertos establece que en los bienes de dominio público de uso portuario sólo se pueden realizar actividades acordes con los usos portuarios.

A esto añaden que la Fundación Botín, al ser sin ánimo de lucro, no sufrirá daño o perjuicio por la suspensión cautelar, medida transitoria hasta que se sustancia el recurso contencioso que DEBA ha presentado ante el TSJC contra el proyecto.

En el colectivo se temen que, de no paralizarse las obras, la sentencia pueda dictarse con ellas ya iniciadas, lo que ya sí supondría un perjuicio económico si fuera contraria.

En este sentido, hacen hincapié en que "Cantabria ya es de sobra conocida por la situación creada con múltiples sentencias de derribo por construcciones ilegales en la costa".