La Fiscalía Anticorrupción, el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y la Junta de Andalucía, que ejercen la acusación en el caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción marbellí, expondrán esta semana en sus informes finales sus argumentos para mantener la acusación contra los procesados en esta causa, que, tras las conclusiones definitivas, son 86 personas.

No obstante, está previsto que la sesión del juicio de este lunes, día 18, comience con el trámite de conclusiones definitivas por parte de las defensas de los procesados, que mantendrán sus escritos iniciales, oponiéndose a las acusaciones, o introducirán modificaciones en los mismos.

Posteriormente, el fiscal comenzará su informe final, en horario de mañana y tarde, en el que explicará el escrito de conclusiones definitivas, presentado el pasado día 12, en el que retiró la acusación para nueve procesados, pero mantuvo prácticamente las mismas peticiones de penas para los principales acusados, como el presunto cerebro de la supuesta trama, Juan Antonio Roca.

Así, acusa a Roca de los delitos de blanqueo de capitales continuado, cometido en el ámbito de una organización en la que él es "el jefe de la misma"; prevaricación administrativa, malversación, ambos como inductor; fraude y cohecho pasivo, por los que solicita en total una pena de 30 años de prisión y multa de unos 800 millones de euros.

En el nuevo escrito de acusación, de 435 páginas, se solicita 10 años de prisión para el exregidor marbellí Julián Muñoz, 12 años de cárcel y 18 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para la que fuera primera teniente de alcalde Isabel García Marcos, mismas penas que anteriormente, y rebaja a 16 años la petición de cárcel para la exalcaldesa Marisol Yagüe.

En cuanto a los empresarios, mantuvo la acusación para ellos por cohecho activo, por supuestamente dar dinero a Roca para obtener resoluciones urbanísticas, y las penas solicitadas no sufren cambios respecto al primer escrito en casos como el de José Ávila Rojas, Rafael Gómez 'Sandokán', José María González de Caldas, Tomás Olivo o Cristóbal Peñarroya.

El fiscal sigue sosteniendo en su escrito que Roca logró "amasar en los últimos años un patrimonio muy importante", coincidiendo con la época en que estuvo ligado laboralmente con el Ayuntamiento. Para encubrir la titularidad de los bienes, según esta acusación, "ilícitamente obtenidos", constituyó "una verdadera organización" que, "bajo su dirección, gestionaba y administraba su patrimonio".

Indica que el método utilizado para ocultar los fondos fue "la interposición de un complejo entramado de sociedades instrumentales", que servían para legitimar los bienes "mediante su transformación con otros activos" y el trasvase de fondos entre las entidades, además de para "adquirir o negociar con bienes de propiedad municipal, valiéndose de la especial posición de poder que ostentaba".

Tras la moción de censura, esa posición "se incrementa", dirigiendo "totalmente el Ayuntamiento", dice el fiscal, quien asegura que Roca aprovechó esto y el procedimiento fue negociar con empresarios que "estuviesen dispuestos a abonarle la pertinente contrapartida económica", los nuevos parámetros urbanísticos de los terrenos, bajo el compromiso de incluirlos en el documento de revisión del plan.

Otras acusaciones

Por su parte, la acusación en representación del Ayuntamiento ha dejado de acusar de algunos delitos a acusados como el empresario Tomás Olivo; pero acusa ahora por delitos de fraude en concurso con malversación por determinados convenios urbanísticos, solicitando la nulidad de éstos. Además, se adhiere a las conclusiones definitivas del fiscal en determinados hechos, participación y penas solicitadas.

Así, a Roca le acusa de blanqueo, cohecho pasivo, fraude en concurso con malversación, prevaricación y malversación. Se destaca que éste, "con el ánimo de intentar reparar en alguna medida el daño causado a la Corporación y por ende al municipio", ha adquirido "el compromiso de asumir con cargo al patrimonio embargado, el total del pago de las responsabilidades civiles" del caso Saqueo I.

En su escrito definitivo, al que ha tenido acceso Europa Press, el Consistorio señala que el núcleo de la prevaricación está "en los concejales que no formaban parte de la junta de gobierno local, en la omisión del deber de controlar la actuación administrativa del Ayuntamiento" y en los demás, en "la decisión de no revisar licencias".

La Junta de Andalucía, por su parte, se adhiere a las conclusiones del ministerio público, aunque hay 12 puntos en los que difiere de dicha acusación, bien por solicitar una pena distinta, por calificar los hechos de forma diferente o por acusar por hechos por los que no lo hace el fiscal. Por ejemplo, también formula acusación por fraude en concurso con un delito de malversación por convenios.