El responsable de Negociación Colectiva de la CIG, Antolín Alcántara, ha asegurado sentirse "asqueado" por la condena a un año de prisión por un delito de desórdenes en las movilizaciones del sector del metal de 2007, cuando se produjo la ocupación del edificio de la Xunta, y ha considerado que la sentencia en la que se considera culpable "no tiene ningún tipo de fundamento".

En declaraciones a los medios, Alcántara ha censurado que el suceso "se personalizase en la gente de la CIG" y lo ha considerado una "barbaridad". Así, ha rechazado que se le pueda imputar que se dieran directrices para la citada ocupación, al tiempo que recordó que el sindicado condenó lo ocurrido "en el mismo momento".

Alcántara —que recientemente ha sido condenado por otro delito de desórdenes en otras movilizaciones del metal— aseguró no creer en la Justicia y consideró que ésta "tiene una venda para condenar a los poderosos pero sí condena a los pobres y a sus representantes".

Finalmente, ha recordado que recurrirá la resolución judicial y ha confiado en obtener una resolución favorable.