Los sindicatos

Cc oo y UGT han expresado su temor a que el cierre de la residencia de La Pereda y la privatización del centro de día de Castro Urdiales sean el "preludio" de nuevos recortes en el área de los servicios sociales públicos, por lo que han exigido a la Consejería de Sanidad un "esfuerzo para garantizar el mantenimiento del empleo".

Así lo han subrayado este jueves las secretarias de Política Social de

Cc oo y UGT, Laura Lombilla y Asunción Villalba, tras la reunión celebrada este miércoles, por el consejo de dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) en la que la consejera, María José Saénz de Buruaga, dio cuenta a los representantes de los dos sindicatos y de la CEOE de la modificación de la estructura orgánica y de la relación de puestos de trabajo en este organismo.

Según han explicado ambas responsables sindicales, este temor a nuevos cierres y recortes de plantilla se justifica en las propias palabras de la consejera que, "si bien anunció que ahora mismo no hay nada previsto en este sentido, sí reconoció textualmente que hará todo aquello que sea necesario a lo largo del tiempo, aunque no sea fácil ni popular", señalan los sindicatos en un comunicado de prensa conjunto.

De momento, las dirigentes de

Cc oo y UGT han denunciado que, según les informó la titular de Sanidad y Servicios Sociales en esta reunión, el cierre de La Pereda y la privatización del centro de día supondrá la pérdida de "85 puestos de trabajo, 69 de ellos de trabajadores temporales y los 16 restantes de interinos".

Tras reiterar su rechazo a las decisiones adoptadas sobre estos dos centros asistenciales "tanto en las en el fondo como en las formas", Lombilla y Villalba han urgido a Saénz de Buruaga a iniciar las correspondientes negociaciones con el comité de empresa y la junta de personal del Gobierno de Cantabria "para evitar estos despidos mediante la reubicación de los trabajadores afectados en otros centros públicos de la región".

Además, las secretarias de Política Social de

Cc oo y UGT denunciaron que, según los datos facilitados por la propia Consejería, el cierre de La Pereda conllevará en la práctica "la pérdida neta de al menos 46 plazas de la red pública ya que, frente a las 110 plazas que se pierden con el cierre de este centro, solo se crean 64 nuevas en los centros de Cueto y Laredo".

Renta social básica

Por otro lado, las representantes de

Cc oo y UGT también criticaron el "endurecimiento" por parte de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de las condiciones de acceso a la Renta Social Básica, la prestación de 426 euros mensuales que el Ejecutivo regional concede a las personas sin recursos económicos.

Así, Lombilla y Villalba han denunciado que el cobro de esta renta "deja" de tener carácter retroactivo, "por lo que sus beneficiarios solo tendrán derecho a ella a partir del momento en que el Gobierno se lo comunique, y no desde su solicitud, como venía ocurriendo hasta ahora".

En su opinión, esta nueva decisión puede conllevar que estas personas en situación de extrema necesidad vean cómo pierden el cobro de hasta seis mensualidades, que es el límite temporal que el Ejecutivo regional tiene para decidir y comunicar si concede o no esta ayuda económica.

Igualmente, las dos sindicalistas han mostrado su malestar por el hecho de que "por primera vez se rompa el derecho subjetivo perfecto, es decir, que la situación de necesidad se supone indefinida en el tiempo en tanto en cuanto no cambie la situación económica de los beneficiarios, por lo que ahora estas personas deberán justificar cada dos años que no perciben ningún tipo de ingresos".