El conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, ha reconocido que "hay cosas con las que no está de acuerdo" del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la reforma de la Ley de Demarcación y Planta y que, en el caso de Galicia, supondría la supresión de 32 juzgados. Sin embargo, y tras incidir en que no obra en su poder ese documento, por lo que no puede opinar sobre él, ha señalado que sí es favorable a estudiar modificaciones en la estructura.

De hecho, y en respuesta a la diputada socialista Dolores Rodríguez Amoroso, quien interpeló por esta cuestión al conselleiro, Rueda se apoyó en el antecesor al actual titular de Justicia —Alberto Ruiz Gallardón—, es decir, en el exministro Francisco Caamaño, para asegurar que los propios socialistas son partidarios de reformar la planta judicial para mejorar la eficiencia.

El conselleiro de Xustiza insistió en que el documento del Poder Judicial es "provisional", tal y como lo manifestó el máximo órgano de gobierno judicial al emitirlo, con lo que —ha remarcado— está en "fase inicial". Con todo, ha mostrado el compromiso del Gobierno gallego en aportar su "opinión" al Ejecutivo estatal en el momento en que corresponda.

Alfonso Rueda aseguró que el informe del CGPJ fue pedido por el PSOE, que impulsó una iniciativa en el Congreso. "Lo pidió su partido", ha espetado el conselleiro a la diputada socialista, quien replicó: "¿Y qué?, nosotros no criticamos el informe, sino el contenido".

Rodríguez Amoroso ha advertido de las dificultades para el ámbito rural que supondría la eliminación de plantas judiciales, si bien se mostró abierta a estudiar este asunto; al tiempo que pidió a la Xunta aclarar "cuál" es su propuesta y que deje de "silbar" ante este tipo de cuestiones. A ello, Alfonso Rueda contestó diciendo que, si está de acuerdo con "suprimir partidos judiciales, diga cuáles".

Comisión y carta

Precisamente, este miércoles, la Cámara ha aprobado por unanimidad que la Xunta haga llegar el rechazo a la propuesta del CGPJ, lo cual fue recordado por los grupos de la oposición durante el debate de la tarde para pedir el posicionamiento del conselleiro de Xustiza, quien ha insistido en que el informe "no está cerrado" y en que, de hecho, se ha creado una comisión que elaborará una propuesta de texto articulado para el que se "contará" con la opinión de las autonomías.

A este respecto, el titular de Xustiza ha explicado que dirigió una carta a los 45 alcaldes de ayuntamientos gallegos que son cabecera judicial para trasladarles la voluntad de la Xunta de hacer valer las peculiaridades y características del territorio en el proceso que se acaba de activar.

Por su parte, la diputada nacionalista Tereixa Paz ha criticado que el conselleiro "no opine" sobre este documento y le recordó que la elaboración de este informe parte de un "acuerdo en 2001" entre socialistas y populares.

Elaborar conjuntamente propuesta

Así, ha mostrado su rechazo al informe del CGPJ y ofreció al responsable de este departamento autonómico elaborar conjuntamente en la Cámara una propuesta "alternativa", oferta a la cual Rueda no le dio "seriedad" al igual que al resto de su intervención, en la cual —dijo el conselleiro— la diputada "le faltó al respeto en el 95 por ciento" del tiempo.

Lo dijo después de que la diputada llamase 'hooligan' del PPdeG al conselleiro, motivo por el cual la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, llamó la atención a la parlamentaria. Tereixa Paz, ante la advertencia de la jefa del legislativo, ironizó con que tenía que haber usado otro término que no sea en inglés, y se tradujo para llamar "'seareiro' —aficionado—" del PP al conselleiro.

La parlamentaria popular Paula Prado lamentó, por su lado, que los socialistas quieran mantener "una planta judicial del siglo XIX" e instó a los miembros del PSOE a "ponerse de acuerdo" al respecto de si reformar o no la planta judicial. Al respecto, Rodríguez Amoroso le replicó animando a lo mismo en el seno del grupo popular, toda vez que una diputada del grupo popular y concejala en Corcubión votó en este último ayuntamiento en contra de la supresión de este partido judicial.

Querella dívar

Por otro lado, la parlamentaria socialista ha aprovechado su turno para lamentar que el Tribunal Supremo no aceptase a trámite la querella contra el presidente del alto tribunal, Carlos Dívar, por "pagarse cuchipandas a costa de los contribuyentes".

A su juicio, se trata de una decisión "vergonzosa" y una muestra de "corporativismo" y de hacer valer que "la justicia no es igual para todos". "No puedo más que condenar y lamentarlo desde esta tribuna", ha sentenciado.