La Ley de la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) aprobada en diciembre de 2011 tiene el próximo fin de semana una de sus fechas clave, al cumplirse seis meses desde su entrada en vigor. Así, la aprobación del mandato marco y la elección del director general son dos de los trámites que debería cumplir la Cámara gallega este mes, pero el nombramiento del alto directivo del ente público, así como la elección de los otros seis miembros del consejo de administración, no se harán en plazo convirtiéndose, de este modo, en el primer incumplimiento de esta legislación.

En días pasados, el actual director general del ente público, Alfonso Sánchez Izquierdo, aseguró que, en el plazo de un año, la radio y la televisión públicas gallegas vivirían un momento histórico, con su conversión en una única corporación, que tendrá forma de sociedad anónima. De hecho, éste es el principal inconveniente para que se cumpla la renovación del consejo de administración y de su director general, cuya designación será por primera vez, como estipula la ley, por mayoría cualificada, lo que obliga a pactar entre al menos dos grupos parlamentarios.

La Ley de los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, pactada por el PPdeG y el PSdeG, después de que el BNG se desvinculase de la ponencia en la que se había trabajado, tuvo uno de sus momentos clave en la reunión mantenida entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el secretario xeral del PSdeG, Pachi Vázquez, hace ahora un año, el 9 de junio de 2011, cuando pactaron desbloquear el texto y dar instrucciones a sus grupos parlamentarios para seguir la tramitación conjunta.

Precisamente, uno de los flecos que paralizaba el pacto era la elección del director general de la CRTVG, que finalmente se plasmó en la disposición transitoria cuarta dotando de un "plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley". Este plazo que vence ahora no se cumplirá, según las fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, toda vez que estos nombramientos tardarían hasta un año en ser efectivos, según las previsiones del propio director general actual, Alfonso Sánchez Izquierdo, manifestadas en días pasados en comisión parlamentaria al respecto de la transformación del ente.

De hecho la propia normativa recoge que la elección se hará en seis meses, pero que "no obstante, su nombramiento, se producirá en la fecha en que la corporación adquiera personalidad jurídica", un procedimiento que en el caso de Radio Televisión Española se ha prolongado durante más de un año debido a su complejidad.

El reglamento está hecho

En todo caso, la elección de los miembros del consejo de administración ya cuenta con el reglamento parlamentario para poder desarrollarse, ya que así fue aprobado el pasado 5 de marzo, cumpliendo así este requisito al que obliga la nueva Ley de la CRTVG, que sustituye a la de 1984.

Con todo, en él ya no se recoge ninguna fecha concreta para la presentación de candidaturas como sí ocurría en otros acuerdos interpretativos (los que se incorporan al Reglamento del Parlamento por aprobación del órgano rector) para la elección de miembros del consejo de administración en otras ocasiones.

También ocurre así para otras elecciones similares como la de los miembros del Consello de Contas, tal y como se puede comprobar en los acuerdos interpretativos de la mesa incorporados a las normas parlamentarias.

De esta manera, estas normas garantizan que la inclusión en el orden del día del pleno de la elección de los miembros del consejo de administración cuando lo pidan dos grupos parlamentarios o un quinto de los diputados, lo cual no se llevará a cabo en el plazo de los seis meses que marca la ley.

Mandato marco

Por otro lado, PPdeG y PSdeG confían en que la Xunta envíe al Parlamento el mandato marco en este mes, tal y como expresaron en días pasados al respecto del cumplimiento de este trámite, aludiendo a que está en plazo. Con todo, los socialistas ya han urgido que se remita este documento para su tramitación y aprobación por parte del Parlamento gallego.

Fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que el Gobierno gallego está "trabajando" en este documento con el fin de que la Cámara autonómica pueda tramitarlo en el margen del plazo establecido, si bien no es una obligación legislativa de la Xunta ser impulsora de este documento en la Cámara.

De hecho, la referencia legal del articulado al mandato marco, en el que deben recogerse "los objetivos generales de la función de servicio público" que debe cumplir la corporación, sólo dice que es el Parlamento el que tiene la función de aprobarlo. Además, la normativa establece —en su disposición transitoria quinta— que la Cámara es la que tiene obligación de tramitar este documento de objetivos y darle luz verde.