(AMP) La iniciativa de ley contra la incineración pide un "cambio radical" y establece un canon a gestoras de residuos

Los promotores de la propuesta afirman que el texto llevado al Parlamento cuenta con "consenso"
Registro de ILP contra incineración en el Parlamento gallego.
Registro de ILP contra incineración en el Parlamento gallego.
EUROPA PRESS
Registro de ILP contra incineración en el Parlamento gallego.

Una nueva iniciativa legislativa popular ha llegado este lunes a la Cámara autonómica para pedir "cambiar radicalmente" el tratamiento de los residuos urbanos y evitar, así, que se "perpetúe" la incineración como método "primordial", algo que de lo que la comisión promotora de esta propuesta de ley ciudadana acusa a la actual Xunta.

Así, los promotores de esta acción han dado el primer paso con el registro de este texto legislativo, que cuenta con "consenso" de formaciones políticas, según ha explicado, en declaraciones a los medios a las puertas del Pazo do Hórreo, uno de los portavoces de la comisión promotora y miembro de la plataforma Incineradora no Deza non, Xosé Manuel López Fernández.

El objetivo fundamental es "cambiar radicalmente el tratamiento de residuos urbanos", explica. "Lo que se está haciendo ahora es apostar por la incineración, y esta ley quiere cambiar radicalmente este procedimiento", ha apostillado este portavoz, quien ha expuesto que se trata de "hacer efectivo los principios de las 'tres erres' —reciclar, reutilizar, reducir—, algo que "no se está cumpliendo por la vía de los presupuestos".

Los promotores de esta iniciativa pretenden que se cumplan las leyes europeas, estatales y autonómicas. "Lo que pretendemos es hacer efectivo los principios de las tres erres, los presupuestos si van a incineración no van a otras cosas", ha explicado y sentenciado: "Lo que pretendemos es cambiar las tornas en este sentido".

Además, ha incidido en que la incineración "está quedando desfasada" en toda Europa, mientras que "aquí lo que se pretende hacer es perpetuarla como método primordial". "Hay muchas motivaciones que nos llevan a oponernos a esto frontalmente", ha aseverado este portavoz.

INICIATIVA

La iniciativa legislativa cuenta con una exposición de motivos, cuatro artículos y tres disposiciones. En ella, se regula que la Xunta deberá, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley (de aprobarse) modificar el plan de residuos para incorporar los principios, por este orden de prioridades, de "prevención, preparación para la reutilización, preparación para el reciclaje, incluido el compostaje y eliminación".

Para conseguir recursos, esta iniciativa propone que la Xunta implante un canon no inferior a 25 euros por tonelada de material entrante que deberán satisfacer las gestoras de vertederos, incineradoras y otras instalaciones de eliminación.

Esta ley obligaría a no destinar a la reducción de residuos menos del 15 por ciento de los presupuestos en este ámbito, mientras que para la reutilización y reciclaje, no podrán ser inferiores al 60 por ciento. También excluye la "incineración" de las actuaciones a promover por la Xunta para el tratamiento de residuos.

Además, esta propuesta legislativa establece objetivos como la reutilización y el reciclaje efectivo de más del 50 por ciento de la fracción orgánica húmeda, la implantación de modelos de recogida separada eficientes y puerta a puerta en ámbitos de menos de 10.000 habitantes, establecimiento de puntos para retorno de envases y la instalación de plantas de reciclaje y compostaje comarcalizadas.

Asimismo, pretende garantizar que la eliminación final de los residuos no recuperados se haga mediante métodos que "no pongan en peligro la salud de las personas y no causen emisiones con impacto ambiental".

En la comisión promotora de esta iniciativa legislativa se encuentran representantes de la Plataforma Incineradora no Deza Non o asociaciones ecologistas como Adega, entre otros agentes sociales.

Las iniciativas legislativas populares tienen que ser cualificadas por al Mesa del Parlamento, que determina si la cuestión que se trata puede ser objeto de este tipo de propuesta ciudadana. Una vez que se admite a trámite, la comisión promotora tiene que recabar 15.000 firmas, al menos, que deberán ser validadas por la junta electoral y, posteriormente, la iniciativa podrá ser debatida en el pleno del Parlamento para recoger los apoyos de los grupos.

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