El alcalde de Mugardos (A Coruña), Xosé Fernández Barcia (BNG), ha mostrado su confianza en que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) realizada en 2003 y que amparó la instalación de Reganosa no tenga consecuencias en la actividad de la planta de gas.

El regidor de Mugardos, en declaraciones a Europa Press, ha destacado que en el momento en el que se había aprobado la modificación puntual la ley vigente no especificaba claramente la necesidad de incluir una Declaración de Impacto Ambiental. No obstante, la Ley 6/2009, de 28 de abril, recogió la obligación de incluir esta evaluación ambiental.

Ante esto, el Ayuntamiento inició en septiembre de 2010 los trámites para modificar su PGOM y "hacer la modificación conforme a esta ley". Este cambio ya fue aprobado por el Ayuntamiento de forma inicial en abril de 2012, "con todos los informes favorables".

A este respecto, Xosé Fernández Barcia ha resaltado que confía en "que en un espacio breve de días la Xunta de Galicia dé su visto bueno a esta modificación, con la que se cumpliría con la normativa estatal".

Fernández Barcia ha indicado que la sentencia no se refiere a la ubicación de la planta o a la concesión de licencia de actividad, sino que "solo se mete en la modificación del plan". En este sentido, entiende que al iniciarse los trámites en el consistorio en 2010, antes de esta sentencia, el Ayuntamiento "corrige" el problema al que hace referencia la sentencia del TS. "Se cumple con todas las de la ley y ya no quedan dudas" sobre la legalidad de la planta de gas, ha aseverado.

Denuncias en contra de la planta

Por esto, el alcalde de Mugardos espera que la sentencia del TS "no tenga ninguna repercusión". Desde el inicio de su actividad, se han sucedido las denuncias de colectivos vecinales en contra de la planta de gas.

Entre las sentencias favorables con las que cuenta Reganosa figura la del 27 de octubre de 2006, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que confirmó la legalidad de la autorización previa de la planta, concedida por el Ministerio de Fomento.

Además, sentencias del 14 de noviembre de 2008 y el 26 de noviembre de 2010 del Tribunal Supremo desestimaron los recursos interpuestos contra la Declaración de Efectos Ambientales de la planta aprobada por la Xunta de Galicia.