CCOO de Extremadura ha presentado "directamente" al presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, un "plan alternativo" para reducir el déficit de la administración regional que evitaría los "recortes" y que "se limitasen los derechos de los empleados públicos, tanto en materia salarial como en condiciones de trabajo", además de los "servicios públicos".

Expone CCOO que, ante la intención del Ejecutivo extremeño de aprobar este jueves los ajustes en el Presupuesto al objetivo de déficit, el sindicato mantiene su "oposición" a estos "recortes" porque "perjudican especialmente a la sanidad y la educación públicas".

Por eso plantea vías distintas con las que "minimizar el deterioro" de estos servicios y su repercusión en los trabajadores, según ha informado en nota de prensa.

La propuestas de CCOO incluyen medidas tanto en el capítulo de ingresos, donde "hay márgenes para recaudar más sin afectar a los más débiles", como en el capítulo de gastos, donde "se prima la reorganización y eficiencia de los recursos disponibles".

INGRESOS

En materia de ingresos, en primer lugar, el sindicato plantea la introducción de nuevos impuestos propios relacionados con las energías renovables, específicamente en los sectores de energía fotovoltaica, termosolar e hidráulica.

También se sugiere la "eliminación de todas las bonificaciones" en el tramo autonómico del IRPF y de los impuestos de Transmisiones y Sucesiones, de tal forma que las "únicas bonificaciones en el tramo autonómico sean las mismas que operan con carácter estatal".

Otra sugerencia es hacer un incremento sobre el impuesto sobre las bebidas alcohólicas, "excluyendo el vino por el interés económico de este producto para la región".

Todas estas cuestiones suponen cuantía que podría rodar, según estima CCOO Extremadura, los "20 millones de euros de ingresos nuevos".

CCOO propone además llegar "al máximo" en el tope de cobro del céntimo sanitario, que aún tiene margen de subida en Extremadura. Esto ya se ha hecho en la mayor parte de las comunidades y permitiría recaudar en la región "casi 6 millones de euros".

GASTOS

En el tema de la reducción de gastos, CCOO estaría "dispuesta a estudiar la disminución de la productividad variable por objetivos en el Servicio Extremeño de Salud". Con ello el ahorro sería del orden de "11 millones de euros".

"Se apuesta por la "eliminación de la llamada productividad fija B, que en este momento cobran los médicos que compatibilizan su actividad en los centros públicos con la medicina privada, y que está por encima de los 4 millones de euros", indica el sindicato.

Igualmente, CCOO sugiere "mejorar de una manera muy significativa" la gestión de cobros a terceros y "ampliar de una manera considerable" el catálogo de enfermedades profesionales.

Esto tendría una repercusión "muy importante" puesto que, "por fin y tal como obliga la ley, trasladaría a las mutuas la prestación de servicios que ahora soporta el SES".

"Es imperdonable que las mutuas tengan superávit mientras el sistema público ve reducir su presupuesto y atiende a pacientes que tendrían que ser atendidos por las primeras", indica CCOO.

Por otro lado, el sindicato recuerda que rechaza los "planteamientos que hace el Gobierno con respecto al absentismo laboral de los empleados públicos, porque recorta el derecho retributivo a las personas enfermas y porque podría contribuir a la extensión de infecciones en centros de trabajo".

Asimismo, desde CCOO se han presentado medidas de racionalización del gasto que tienen que ver con la reorganización de la administración, la gestión de compras, la reversión de servicios externalizados para evitar duplicidades o la potenciación de la atención primaria de salud para ahorrar en el gasto hospitalario.

Estas medidas, junto a otras de reducción de órganos directivos y personal eventual mediante la profesionalización de determinados puestos de gestión y la centralización de la gestión de las áreas sanitarias, podrían suponer una "rebaja del gasto que superaría los 50 millones de euros".

CCOO reclama que el Gobierno de Extremadura tenga en cuenta estas sugerencias, puesto que su aplicación tendría unas "consecuencias mucho menos negativas sobre la prestación de servicios básicos y las condiciones laborales de los empleados públicos".