Aprobada la reducción de sueldos para los altos directivos de las empresa públicas de Aragón

El ahorro total mínimo estimado es de 562.928 euros y el máximo de 686.928 euros
Antonio Suárez, Roberto Bermúdez De Castro Y Modesto Lobón
Antonio Suárez, Roberto Bermúdez De Castro Y Modesto Lobón
EUROPA PRESS
Antonio Suárez, Roberto Bermúdez De Castro Y Modesto Lobón

El Consejo de Gobierno ha aprobado una reducción de las retribuciones del personal directivo de las empresas públicas de Aragón, de acuerdo con la Ley de medidas urgentes de racionalización del sector público empresarial, aprobada en las Cortes autonómicas el pasado 26 de abril.

El acuerdo adoptado este martes afecta a gerentes y directores de las sociedades públicas y, en una segunda fase, la reducción salarial se aplicará al resto de puestos directivos, según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo, Roberto Bermúdez de Castro.

El ahorro total mínimo que supondrá esta medida se ha estimado en 562.928 euros y el máximo en 686.928 euros —según cómo se apliquen las retribuciones variables— y con ella se pretende "ajustar" los sueldos del personal eventual directivo de estas sociedades "contratado a dedo" a "la realidad de la Comunidad autónoma" en una "época complicada" por la crisis económica, ha precisado Bermúdez de Castro.

Ha agregado que es momento "de buscar una racionalización" en los sueldos de estos directivos, que se han "acotado mucho más" en su parte fija, con rebajas de hasta el 28 por ciento, ha dicho, mientras que las retribuciones variables, "solo se cobrarán si las empresas cumplen escrupulosamente el plan económico financiero y tienen beneficios".

Al respecto, ha indicado que "la situación de las empresas públicas" de la Comunidad autónoma "no es boyante" y por eso estos gestores "tienen un largo trecho para ver cumplido el cobro de sus retribuciones variables".

Bermúdez de Castro ha comentado que, por ejemplo, el sueldo del anterior responsable de Expo Zaragoza Empresarial "duplicaba el sueldo de un consejero" y "esto no se va a dar en ningún caso".

El Gobierno de Aragón ha establecido tres tramos de salarios fijos, de 80.000, 60.000 y 45.000 euros, frente a los 110.000 euros de sueldo fijo que cobraban en la actualidad algunos directivos, mientras que la retribución variable estará condicionada al cumplimiento de objetivos y la evaluación se fijará conforme a diversos criterios, incluyendo medidas de austeridad y reducción de gastos.

Entre los sueldos más abultados se encuentran los del consejero delegado de la Corporación de Empresas Públicas de Aragón, cuyo total bruto era hasta ahora de 108.139 y pasa a 80.000 euros más una retribución variable de 18.000 euros, si se cumplen los objetivos.

Por su parte, el director gerente de Motorland percibía un total bruto de 102.600 euros y pasará a tener un salario de 80.000 euros, más 18.000 por retribuciones variables, mientras que el director gerente de Avalia tenía hasta ahora un sueldo de 100.981 euros y pasará a percibir 80.000 euros más 13.000 euros en retribuciones variables.

Asimismo, el director gerente de Suelo y Vivienda de Aragón ganaba hasta ahora 98.900 euros y pasará a percibir un sueldo fijo de 80.000 euros y unas retribuciones variables de hasta 13.000 euros.

Supresión de cargos directivos

Esta medida económica se suma a la supresión de cargos directivos en las empresas, como consecuencia de la reestructuración del sector emprendida por el Gobierno de Aragón. Por el momento, y tan solo en el ámbito de la alta dirección, se han suprimido las gerencias de Sirasa y Sodemasa, que las ejercerá un único director-gerente.

Igualmente, las gerencias de Expo Zaragoza Empresarial, Suelo y Vivienda de Aragón, Plaza, Platea y Plhus ha pasado a ejercerlas una sola persona. En total, entre altos cargos y puestos de confianza en el conjunto de la Administración autonómica se han eliminado 80 puestos. En la misma línea, y en una segunda fase, se eliminarán otros puestos directivos.

Este acuerdo está en consonancia con las medidas adoptadas por el Gobierno de España para los directivos las empresas dependientes del Estado, si bien los límites máximos establecidos por el Ejecutivo aragonés son inferiores a los marcados para las empresas públicas españolas.

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