El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este viernes al anteproyecto de Ley de Reajuste Presupuestario y de Medidas en el ámbito de la Función Pública, en el que se contempla una reducción aproximada de siete millones de euros, pasando de los 168 millones contemplados inicialmente a 161.

Así lo ha comunicado el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, quien ha dado cuenta también que en el Consejo de Gobierno se ha aprobado el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Económicas y Sociales de la Región.

Estas dos normas completan el desarrollo legislativo tras la aprobación del Plan Económico Financiero de la Región.

En cuanto al primero de los textos, el anteproyecto de Ley de Reajuste Presupuestario y de Medidas en el ámbito de la Función Pública, se recoge las medidas de carácter presupuestario que modifican la vigente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para este ejercicio y que se consideran imprescindibles para el cumplimiento de las líneas enunciadas en el Plan Económico.

Con este proyecto de Ley "se pretende reajustar el presupuesto de este año para que pueda contener las modificaciones resultantes del Plan de reequilibrio y se incorporan en el mismo todo tipo de disposiciones legales que afectan al ámbito de la función pública".

Este desarrollo normativo refuerza estas medidas, ya que eleva su aplicación al máximo nivel de exigencia, que es el legal. De forma que se recogen medidas que contienen modificaciones que afectan a todas las consejerías y que determinan una modificación de crédito presupuestario por importe de 161 millones en los capítulo 4, 6 y 7.

Por consejerías, Presidencia que inicialmente tenía un bloqueo de actuaciones de 25,9 millones ha pasado a 24,4 (variación de 1,5 millones); Sanidad, se pasa de 9,6 a 9 millones (diferencia de 569.000 euros), Economía y Hacienda se mantiene en 4,6 millones; Obras Públicas, la previsión de 27,8 pasa a 28 millones (aumento de 200.000 euros); Educación, pasa de 14,7 a una reducción de 12,2 millones (2,5 millones menos); Universidad, tenía previsión de 39,2 pasa a 22,3 millones (la más beneficiada al haber una diferencia de 16,8 millones por las instituciones docentes); en Agricultura y Agua, la previsión de ajuste de 11,8 pasa a 11 millones (868.000 euros menos); y Cultura y Turismo, de 18,1 pasa a 17,4 (765.000 euros).

En el IMAS se mantiene la previsión de reducción de actuaciones (15,9 millones). Aproximadamente, según Bernal, han sido 250 las partidas concretas presupuestarias que se han modificado.

De igual forma, ha señalado que "se eleva el límite máximo de endeudamiento a largo plazo para incluir las operaciones de endeudamiento del pago a proveedores regulado por la Comunidad y para hacer frente a los daños causados por el terremoto de Lorca".

En materia de Función Pública, ha explicado que este anteproyecto "recoge las medidas del Plan de reequilibrio que afectaban a este ámbito, siendo objeto de negociación en la Mesa General y de tratamiento en los ámbitos sectoriales, de educación y de sanidad".

Este anteproyecto de Ley se remitirá al CES y tendrá que ser objeto de revisión también al Consejo Jurídico de la Región para que emita su informe antes de mandarlo a la Asamblea Regional.

Modificaciones que afectan a tres tasas regionales

En cuanto al segundo texto, el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Económicas y Sociales de la Región, "hace las funciones de Ley de Acompañamiento" donde se modifica y especifica diversos aspectos de la actividad tributaria, económica, social y administrativa para el cumplimiento del Plan Económico y Financiero y para reforzar los mecanismos de control del gasto público en materia de contratación, patrimonio, adquisición centralizada de bienes y subvenciones.

Así, en materia tributaria se llevan a cabo modificaciones que afectan a tres tasas regionales recogidas en el texto refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales: la tasa por actuaciones y servicios en materia de vivienda y edificación, tasa de servicios portuarios y del Laboratorio Regional de Salud para análisis privados de aguas y de alimentos.

La primera de las tasas se refiere a la tasa que habrá que pagar por el promotor en los casos en que exista el Libro de Calidad del Edificio; la segunda, se aplicará para embarcaciones deportivas y de recreo en distintas instalaciones de recinto portuario en puertos gestionados en régimen de concesión o autorización; y la última supone la adaptación a la nueva regulación de los análisis de aguas y alimentos.

Ley de dependencia

Igualmente, ha confirmado que las medidas en lo que respecta a la Ley de Dependencia, se garantiza el mantenimiento de la totalidad de los servicios como los que se prestaban en las residencias, los centros de día, la ayuda a domicilio y la teleasistencia.

Por ejemplo, ha señalado que no tendrán que aportar ninguna cantidad para estas prestaciones los dependientes con rentas más bajas, es decir, aquellos que perciban 532 euros mensuales durante 2012.

Lo importante, según Bernal, es que "se mantiene la totalidad de los servicios, y no se produce, por tanto, ni reducción presupuestaria de los créditos destinados a mantener los servicios ni en los destinados a las ayudas económicas vinculadas a servicios".

Otro aspecto importante es la modificación de la Ley de Sociedades Cooperativas de la Región con la finalidad de fomentar la constitución de micro cooperativas de trabajo asociado como instrumento adecuado para dinamizar la actividad económica a través de esta modalidad de empresa de economía social. Para ello, se aprovechan las ventajas que encuentran otras figuras societarias que han evolucionado y se han adaptado a la coyuntura socioeconómica actual.

También se modifica la disposición adicional de la Ley de medidas fiscales y de fomento económico en la Región, cuyo objetivo es mejorar las condiciones para el cumplimiento por parte de las corporaciones locales de sus compromisos con la Comunidad, en el marco general de sostenibilidad de las finanzas locales.

Como medida de racionalización del gasto público, se posibilita también la creación de una central de contratación en el ámbito de la Administración de la Comunidad y de los demás entes que integran el sector público autonómico (salvo la central de contratación del SMS).