El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha transmitido un "mensaje de tranquilidad" a las diputaciones y ayuntamientos en torno a la demarcación de los partidos judiciales, y ha garantizado que "no se van a eliminar en principio sedes judiciales ni va a haber traslado de funcionarios".

En el transcurso de la reunión mantenida este jueves con la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, Cabré ha explicado que el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que proponía unificarlos "no tiene más valor que una opinión, y ni siquiera es vinculante".

"Le he transmitido a la presidenta mi compromiso de que la comunidad autónoma no va a actuar sin contar con el acuerdo y los informes de los ayuntamientos y de la Diputación, que son los que están sobre el terreno", ha remarcado.

En cuanto al documento final que saldrá adelante, Cabré ha indicado que "sea la solución que sea, lo que sí se puede decir es que no se van a eliminar en principio sedes judiciales ni va a haber traslado de funcionarios", si bien, ha apuntado que "se podrá establecer un sistema de agrupaciones" , en ningún caso de eliminaciones.

"Eso quiere decir que todos los municipios que en el momento actual tienen sedes judiciales van a seguir manteniendo sus sedes judiciales y van a seguir manteniendo su estructura judicial", ha detallado. Las posibles soluciones podrían pasar por realizar "agrupaciones" o "especializaciones judiciales haciendo partidos más amplios pero sin que eso altere la estructura judicial propia de cada municipio".

La Generalitat, según ha apuntado, "es sensible al hecho de que la demarcación judicial es algo más que un problema estrictamente de juicios, es un problema que tiene connotaciones económicas, sociales, políticas, es un tema sensible y nada se va a hacer en perjuicio y sin el consenso de todos los afectados".

Cabré además ha aclarado que la demarcación judicial es "competencia sólo y exclusivamente del Ministerio de Justicia, que es quien va a elaborar ese trabajo con audiencia de las comunidades autónomas".

Por ello, en su opinión, "quizá el problema que se ha planteado es que una cosa es hablar de planes o vías de actuación, y otra —lo que ha generado la polémica— es que (el CGPJ) se ha bajado al detalle de un mapa concreto sin contar nadie más".

"Esto es donde creemos que el CGPJ, a lo mejor, debería de haberse actuado de otra manera, porque una cosa es tratar las ideas de lo que tiene que ser este cambio del modelo judicial, y otra cosa es hacerlo y lanzar a un plan como si fuese el plan que se iba a aprobar, sin contar con los afectados, que es lo que ha provocado la polémica innecesaria porque no hay nada aprobado", ha insistido.

Luisa Pastor ha trasladado al conseller la preocupación que el informe del CGPJ había causado entre los municipios alicantinos afectados por los posibles cambios en la demarcación judicial de la provincia, y ha mostrado su satisfacción por el mensaje de tranquilidad de Cabré.

Turno de oficio

Por otra parte, Cabré se ha referido a las negociaciones abiertas con los colegios de abogados por el turno de oficio, para mostrar su confianza en que podrán llegar a un acuerdo, dado que "hay muy buenas relaciones".

"Yo tengo interés en que, lo que ha sido hasta ahora una imposición, se llegue a soluciones similares pero vía acuerdo y estoy convencido de que vamos a llegar a esos acuerdos porque hay muy buena voluntad de todas las partes".

Tasas judiciales

A preguntas de los medios de comunicación, Cabré ha recordado que el Consell ha previsto recaudar entre ocho y diez millones de euros con las llamadas tasas judiciales, y ha concretado que estas tasas se aprobarán "próximamente" con unos precios "por debajo de lo que se está pagando en Cataluña", de las que estarán exentos los procedimientos penales.

En esta línea, ha indicado que el objetivo del Consell es que las tarifas de las tasas "sean unas cantidades por debajo de lo que se está pagando en la única comunidad en la que se están pagando, como es la catalana".

A este respecto, también ha confirmado que la jurisdicción penal quedará excluida del pago de las tasas, aunque ha matizado que esta posibilidad "es un tema de trascendencia que debe adoptarse a nivel de Estado". No obstante, ha reconocido que "si en estos momentos al Ministerio de Justicia no le ha parecido adecuado el planteamiento de tasas en el ámbito penal, las comunidades autónomas no van a abordar este problema".

La recaudación de entre 8 y 10 millones de euros prevista con esta nueva tasa tendrá un "carácter finalista", de modo que, según ha destacado, estarán destinadas a la propia modernización de las infraestructuras judiciales.

Además, Cabré ha concretado que las tasas se van establecer "desde un punto de vista que sirve para marcar por donde ir", y a través de ellas se contempla potenciar aspectos como la mediación "como una solución alternativa para evitar la mayor litigiosidad".

"Quien trate de resolver los problemas por la vía extrajudicial, si después tiene que acudir a la vía judicial porque no se cumple ese acuerdo de mediación" estarán exentas del pago de las tasas, ha comentado. De igual modo, se podrán beneficiar de bonificaciones y exenciones otros colectivos como empresas y autónomos, y familias numerosas y monoparentales.