La Procuradora General María Antonia Felgueroso ha advertido del aumento de quejas llegadas a su institución por motivos de contaminación acústica, una cuestión que en el código penal, como ha recordado el fiscal del Medio Ambiente del Principado, Joaquín de la Riva, conlleva duras penas de cárcel, de tres años y medio a siete años y medio.

Ambos participan este jueves en la jornada sobre 'Ruido y derechos', organizada por la Procuradora, y en la que también toma parte el magistrado de lo Contencioso Administrativo y de la Red de Expertos en Derecho de la UE del Consejo General del Poder Judicial, David Ordóñez Solís.

Pese a no disponer de datos sobre recepción de reclamaciones, la Procuradora señalo que se trata de "un tema que va a mayores", porque "cada vez hay más sensibilidad, y cada vez llegan más quejas, en relación con locales de ocio, bares... pero también en menor medida de empresas". Así, aboga por "conciliar los intereses de todos".

El fiscal dio cuenta de la preocupación de los tribunales en este sentido, si bien aclaró que los casos que llegan a la vía penal son muy minoritarios. Eso sí, "con penas de hasta siete años y medio de prisión, y dado que la mínima son tres años y seis meses, supone el ingreso penitenciario". A modo de ejemplo, recordó la sentencia del año 2010, por la que se condenaba a 27 meses de cárcel a los gestores de un 'tablao' flamenco en Avilés.

No obstante, el proceso penal "queda reservado para los casos más graves e intolerables; lo normal es solucionarlo en vía administrativa", ha matizado.

El ayuntamiento debe solucionarlo

Según de la Riva, debe ser el Ayuntamiento el que solucione este tipo de problemas, sin necesidad de llegar a los tribunales. El procedimiento seguido suele ser el siguiente: primero el ciudadano intenta solucionarlo por la vía del diálogo; después llama a la Policía; luego pide al Ayuntamiento solucione el problema; y cuando está desesperado recurre a la vía penal.

En estos casos, se ha de considerar "si se ha dañado la salud de las personas", y si ha habido contumacia o persistencia en la infracción, motivo por los que se puede considerar un delito grave.

Jurado popular en los incendios

Preguntado por su propuesta, para eliminar la posibilidad de que los delitos de incendio sean juzgados por Jurado Popular, se ha mostrado optimista, y ha señalado que el Ministerio "está estudiándolo". "Tengo la esperanza de que se lleve a buen final, porque es complicada la vía del jurado. La gente quiere un testigo, pero sólo hay pruebas indiciarias", explica. No obstante, señala que "por los indicios, los tribunales profesionales pueden llegar a una conclusión condenatoria".

Desde su punto de vista, el problema sigue afectando a los montes asturianos porque o "no se ponen todos los medios necesarios, o no se vigila el monte, o no se conciencia a las nuevas generaciones de cómo se debe usar el fuego". Cada año "tenemos miles de hectáreas quemadas", ha lamentado de la Riva, para quien es una cuestión "impresentable; el mayor atentado forestal son los incendios forestales sin ninguna duda".