El Gobierno gallego ha asegurado que consiguió ahorrar 3,9 millones de euros en el primer trimestre de 2012, en relación con el mismo periodo del año anterior, al reducir en un 17,5 por ciento el número de bajas laborales registradas entre enero y marzo en el ámbito de la Función Pública y de un 17 por ciento en el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Lo ha explicado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello, en la que ha señalado que el nivel de absentismo en lo que va de legislatura "disminuyó en el ámbito de la Función Pública un 27,1 por ciento, tras pasar de un porcentaje de bajas "del 5,4 por ciento a una del 3,9 por ciento".

En concreto, según recoge un informe presentado por la Consellería de Facenda, ese contabilizaron un total de 2.163 bajas iniciadas en los tres primeros meses del año, cifra que supone un 23,7 por ciento menos que en 2011. Este descenso también fue mayor comparando el mes de marzo de 2012 con el mismo del periodo anterior, con una disminución del 48,4 por ciento.

Ante estos datos, Feijóo ha agradecido la "complicidad y profesionalidad" de los empleados públicos que, como ha indicado, "entendieron el mensaje de comprometerse frente a la crisis".

Personal de entidades públicas instrumentales

Por otra parte, el Consello ha dado luz verde a la regulación del régimen aplicable al personal de las entidades instrumentales del sector público de Galicia. Una medida que homogeneizará las relaciones del empleo en todo el ámbito del sector público autonómico al uniformizar el régimen de personal de estas entidades con el de la Administración general gallega.

Esta norma, como ha detallado, desarrolla una previsión establecida en la Lofaxga y regula los procedimientos que habilitan la progresiva integración como personal laboral de la Xunta del personal fijo de las entidades instrumentales.

A este respecto, el jefe del Ejecutivo gallego ha indicado que el fin de la norma es "homogeneizar" las relaciones del empleo en el ámbito del sector público autonómico para "mejorar la eficacia en la gestión del personal y ganar así en eficiencia", además de "favorecer la movilidad horizontal y vertical" de los trabajadores.

De este modo, el texto alude a la equiparación, de forma progresiva y durante un plazo máximo de 6 años, tanto de las retribuciones superiores como de aquellas que sean inferiores a las establecidas en el Convenio Colectivo Único de la Xunta.

Según ha avanzado el Gobierno gallego, entre los requisitos para este proceso, que afectará a unas "507 personas", será obligatorio tener un contrato laboral fijo con alguna de las entidades instrumentales, formalizado tras un proceso de selección realizado bajo los principios constitucionales de publicidad, mérito y capacidad.