La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a 12 acusados de tráfico de drogas a un total de 36 años y medio de cárcel, y a todos ellos salvo uno, a multas que sumadas superan los 157.800 euros. Los condenados formaban parte de una red de tráfico de drogas que operaba en la zona de Suances y Torrelavega.

Las penas oscilan entre un año y cinco años de uno de los acusados condenado por un delito contra la salud pública y por tenencia de armas. A varios de los condenados se les han aplicado atenuantes por toxicomanía. Por su parte, las multas oscilan entre los 250 euros de la más baja y los 48.096 euros impuestos a tres de los 12 acusados. Junto a todos ellos fue juzgado otro individuo más que ha sido absuelto.

Las investigaciones se iniciaron los primeros meses del año 2008, centradas en los tres principales responsables de la red, que fueron detenidos en julio de ese año. Se les intervino diferentes cantidades de droga por una valor total en el mercado de más de 48.000 euros, según el relato del fiscal.

La segunda parte de la operación se realizó en noviembre de 2008, con la detención de otros de los imputados, para culminar en enero de 2009, con el arresto de los restantes.

En el juicio, celebrado el pasado mes de marzo, varios de los acusados negaron que vendieran cocaína, aunque sí admitieron ser consumidores y reconocieron la venta de hidratos y proteínas, tanto en gimnasios como en salidas nocturnas.

Escuchas telefónicas

A los acusados se les hizo escuchar distintas grabaciones en las que aludían a operaciones económicas, que, sucesivamente, han justificado como la venta de un coche, de licores, hidratos, o "almejas de cuchillo" de buena calidad a las que se refiere una de las conversaciones intervenidas.

Las defensas han impugnado y solicitado la nulidad de las escuchas telefónicas, alegando que se habían vulnerado los derechos de sus defendidos al secreto de las comunicaciones. Sin embargo, la Audiencia estima la medida como "legal, válida y motivada".

En este sentido, señala que el auto que autoriza la intervención telefónica y las sucesivas prórrogas son resoluciones "motivadas" que tienen como antecedente la petición realizada por la Policía Nacional, con datos objetivos contrastados y suficientemente detallados para que el juez pudiera ponderar la oportunidad de ordenar la intervención solicitada. Asimismo, añade que "no hay datos que permitan concluir que la Policía utilizó el rastreo" para obtener los números de teléfono a intervenir.