El consejero de Universidades, Empresa e Investigación, José Ballesta, ha comparecido esta tarde ante el pleno de la Asamblea Regional por iniciativa propia, para informar sobre las medidas que ha adoptado el Gobierno central en materia universitaria y su aplicación en Murcia, donde ha dicho que "las universidades públicas de la Región han demostrado ser un ejemplo de responsabilidad y generosidad, al ser corresponsables y asumir una reducción en sus presupuestos".

Concretando en las medidas adoptadas para la Región, ha matizado que "lo que en un principio iban a ser 30 millones de recortes para las dos universidades, ahora no llegan a los 15 millones".

Respecto al posible incremento del precio de las matrículas, ha dicho que "el alumno cubre con el pago de tasas el 14% de los ingresos de la universidad", y que Murcia "siempre ha estado por debajo de la media que permite el Consejo General de Política Universitaria, y en él nos mantendremos en un futuro".

Ballesta ha justificado esta situación diciendo que "nos encontramos en el núcleo de la crisis económica", donde ha asegurado que ha habido "ausencia de medidas para paliarla desde 2007", lo que ha provocado "un encarecimiento de la financiación", y lo que lleva a tomar "medidas impopulares", como "el control del déficit y las medidas de ajuste que nos vemos obligados a adoptar".

En esta línea, ha puesto de manifiesto que Murcia es, junto a Baleares y Comunidad Valenciana, "la única comunidad que ha incrementado el número de estudiantes de las 50 universidades públicas que hay en España y tenemos un sistema universitario potente para una comunidad uniprovincial como la nuestra".

"Tenemos dificultades para transferir los recursos, para lo que hemos hecho un plan de pagos a universidades", lo que "nos ha llevado a hacer planes de austeridad y de contención del gasto, que entrañan sacrificios", ha enfatizado. Para concluir, ha pedido la "comprensión de la Cámara".

La excusa de la crisis

Para el portavoz del Grupo Mixto, José Antonio Pujante, la comparecencia del consejero supone "hacer el recorte efectivo", que además se lleva a cabo "de una forma dolorosa", aprovechando "la excusa de la crisis económica", por lo que ha pedido "que se garantice la función pública a las universidades", puesto que "se está adoptando el modelo de una universidad privada".

Por su parte, la diputada socialista, Ester Clavero, ha reclamado que "se derogue el Decreto", pues supone "un hachazo a las universidades", y también "que si no puede ser, que al menos no se suban las tasas".

Clavero ha añadido que "los recortes no incidirán directamente en una mejora de la enseñanza", sino que "todo esto redunda en el desprestigio de la universidad pública, así como el del profesorado y el alumnado".

Y ha terminado diciendo que "todas estas medidas se suman a las deudas que ya se tienen con las universidades", lo que puede suponer "acabar con la universidad pública".