La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha criticado "la confrontación innecesaria" por parte de la Junta de Andalucía con el Ejecutivo central en relación al plan de ajuste económico aprobado en el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que, al mismo tiempo, la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Carmen Martínez Aguayo, haya enviado este mismo martes una carta al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Germán Antonio Beteta, "ratificándose en todos los compromisos adquiridos en el CPFF y renunciando a que ningún proceso de negociación vaya a modificar las cantidades acordadas".

En rueda de prensa, Crespo se refería así, entre otras cuestiones, a las críticas del Gobierno andaluz a las declaraciones de Beteta, quien aseguraba que la decisión de la Junta de aplazar la aplicación de los recortes hasta que termine la tramitación de los presupuestos le ha causado una "honda preocupación", añadiendo que de no darse las garantías de cumplimiento "adecuadas" se tendría que "paralizar" la aprobación del plan de ajuste y "descontar" de su participación en los fondos estatales por el importe del plan de pago a proveedores en los términos que indica el Real decreto ley estatal.

La dirigente del Gobierno de la Nación ha querido dejar claro que "en ningún momento" el Ejecutivo le ha dicho al Gobierno andaluz cómo tenía que elaborar el plan de ajuste, por lo que la pretensión de bajarle el sueldo a los funcionarios "no se ha pedido por parte del Gobierno, siendo una medida que otras comunidades autónomas no van a aplicar en sus respectivos planes de equilibrio". "Podrían haber optado por otras opciones", ha manifestado.

En esta línea, Crespo ha defendido las palabras de Beteta, asegurando que si el plan de ajuste no empieza a cumplirse no se podrá aplicar el plan de pago a proveedores, algo que será igual para todas las comunidades, con lo que el trato a Andalucía "no tiene ninguna diferenciación". Y es que, según ha apuntado, a todas las comunidades se las está tratando "exactamente igual" por parte del Gobierno de la Nación.

Tras considerar que el Gobierno andaluz actúa de una determinada manera en la Comunidad y de otra distinta en Madrid, "lo que puede invitar al error entre los andaluces", la dirigente del Ejecutivo central ha insistido en la importancia de que el Gobierno vaya a ayudar a la Junta a pagar unos 2.700 millones para hacer frente a más de 750.000 facturas no abonadas a los proveedores, el 90 por ciento de las mismas referentes al sector sanitario.

También ha subrayado Crespo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas haya acordado este martes desbloquear el crédito ICO de 510,5 millones de euros solicitado por la Junta de Andalucía para la financiación de los vencimientos de su deuda, después de haber recibido una carta en la que el Gobierno autonómico "se comprometen a no modificar las cuantías de su plan económico financiero".

Niega "discriminación" a andalucía en los fondos de empleo

De otro lado, ha negado las acusaciones del PSOE-A en relación a que el Gobierno "castigue y discrimine" a Andalucía respecto al resto de comunidades autónomas en relación al reparto de fondos para el empleo. Según ha indicado Crespo, la partida de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha bajado en esta materia, "como en todas, fruto de haber disminuido el número de ingresos".

No obstante, Crespo ha señalado que Andalucía recibió en 2011 el 22,63 por ciento de estos fondos y que en 2012 se mantendrá el mismo porcentaje, aunque la cuantía total haya descendido. "Se han bajado los fondos pero la proporción es exactamente la misma para Andalucía", ha apuntado la 'popular'.

Finalmente, ha puesto de manifiesto el hecho de que en los PGE se incluya una partida para el Programa de Fomento del Empleo Agrario (Profea), antiguo PER, lo que supondrá para Andalucía 147 millones de euros y 1,8 millones de jornales, "un dinero que no reciben todas las comunidades".