La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto celebrar este martes, 29 de mayo, el juicio contra M.F.C. y R.F.C. por un delito continuado de falsificación en documento mercantil y otro de apropiación indebida, así como de un delito societario.

Por ellos, el fiscal pide para M.F.C.una pena de seis años de prisión, 9.000 euros de multa e indemnizar a una mercantil dedicada a la venta de viviendas en 262.338 euros; mientras que para la otra acusada, R.F.C., pide un año y un mes de prisión. Además, el fiscal pide que, entre ambas, indemnicen a esa mercantil en otros 167.620,13 euros.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía plantea que, con fecha 9 de febrero de 2006, la acusada M.F.C.y R.F.C. elaboraron un documento privado por el que, habiendo sido ambos socios y administradores de dos mercantiles, acordaban apartarse de las citadas sociedades con lo que M.F.C. pasaría a ser administradora única de una de ellas y F.P.C. sería administrador único de la otra.

Tras este acuerdo, la acusada convocó Asamblea General Ordinaria, en junio de 2006, de la mercantil de la que era administradora única, a la que, aunque no acudió F.P.C., en el libro de actas puso que había estado presente la totalidad del capital suscrito.

Más tarde, en febrero de 2007, la acusada, tras celebrarse Junta Extraordinaria Universal, certificó falsamente que concurrió el total del capital social, cuando a ésta tampoco acudió F.P.C.

Asimismo, y a pesar del acuerdo mencionado de febrero de 2006, por el que la acusada solo estaba autorizada a realizar cobros y pagos exclusivamente en relación a una obra concreta de la mercantil de la que quedó F.P.C. como administrador único, realizó varias operaciones en perjuicio de esa sociedad, apropiándose de diversas cantidades de dinero.

Así, la acusada procedió a la venta de cuatro viviendas, ubicadas en distintas zonas de la capital, por importe global de 262.338 euros, de los que se apropió y no ingresó en la mercantil.

Aparte de ello, la otra acusada, R.F.C., en connivencia con su hermana y principal acusada, procedió, como apoderada de la mercantil de la que era administrador único F.P.C., a otorgar escritura pública de venta de una vivienda por importe de 52.900 euros más 9.100 euros de IVA sin ingresar el dinero en la mercantil y, más tarde, hizo lo mismo con otra vivienda, por importe de 90.700 euros y 7.350 de IVA.

Por último, la acusada R.F.C., en connivencia con su hermana, transfirió a ésta 7.570,13 euros de una cuenta de la mercantil perjudicada a una cuenta particular de M.F.C.