Hernández pide consenso en la ley de vivienda entre críticas de PSdeG y BNG de que favorece intereses privados

El texto comienza su trámite parlamentario tras rechazar el PPdeG las enmiendas de devolución de socialistas y nacionalistas
Foto Pleno Ley Vivienda
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EUROPA PRESS/REMITIDO
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El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, ha llamado este martes al consenso entre los grupos para sacar adelante la ley de vivienda de Galicia, que ha iniciado su trámite parlamentario entre críticas de la oposición de que no establece mecanismos para garantizar el derecho a una vivienda digna y de que favorece los intereses privados y de los promotores.

De hecho, PSdeG y BNG han defendido sendas enmiendas de devolución del texto en el pleno del Parlamento, que han sido rechazadas con los votos en contra del PPdeG, con lo que el proyecto sigue adelante. En su turno de apertura, el conselleiro ha apostado por elaborar una ley "atemporal" que sirva de herramienta para recuperar la actividad en el sector de la construcción, aunque ha admitido que "no volverá a ser lo que fue".

El texto, ha dicho Hernández, pretende "contribuir a la estabilidad normativa" y aportar "claridad y sencillez" en la legislación, además de ser una "guía útil también para regular la actividad de los promotores y agentes implicados" en el sector. El "afán de participación" en el texto "tiene continuidad" en el trámite parlamentario, ha asegurado y ha llamado "al diálogo y a la concordia" para una ley "justa y necesaria".

Entre las novedades, la ley incorporará un nuevo régimen de "copropiedad" con la Xunta, según el cual el comprador de una vivienda de promoción pública adquirirá un mínimo "del 60 por ciento" del inmueble pudiendo comprar posteriormente el resto. También incluye otras categorías nuevas de viviendas de promoción pública, como las concertadas, y prevé la "mejora en la lucha contra el fraude".

El portavoz del PSdeG en el debate, Luis Toxo, ha criticado que se trata de un proyecto de ley "desregulador" y "orientado a favorecer más los intereses privados que los generales". En el documento remitido por la Xunta, ha dicho, "la vivienda es más una mercancía que una derecho".

Menos reserva de suelo

El diputado socialista ha considerado que el texto "prescribe remedios sin haber hecho un diagnóstico" y "renuncia a políticas sociales", como es la de reserva de un determinado porcentaje de suelo para la construcción de vivienda protegida. En este sentido, ha apuntado que la posibilidad de establecer la reserva en función de la demanda, que augura que será práctica "habitual", provocará reducciones de hasta el 90% en localidades como Carballo o A Estrada.

Esta ha sido también una de las principales críticas de la portavoz del BNG en materia de vivienda, Isabel Sánchez Montenegro, que ha censurado que la reserva pase a ser del 40% al 30% y que se rebaje desde 140 a 120 metros cuadrados el mínimo de superficie para vivienda protegida. Además, la nacionalista ha dicho que "parece que la preocupación es dar salida al stock de viviendas vacías en manos de promotores y bancos", pero sin bajar los precios.

El proyecto, ha afirmado, es "inútil para resolver los problemas reales de la vivienda" y está "lleno de meras intenciones". "Prescinde de todo compromiso concreto con las personas y familias con menos recursos. El carácter social está ausente", ha criticado y ha considerado que no se presta atención al rural o a las ayudas al alquiler. "Está excesivamente sesgado hacia los intereses de promotores privados", ha agregado.

Reducción de sanciones

La representante del BNG también ha censurado que se rebajen las sanciones por infracción. "No sé si lo hacen pensando en algún promotor concreto", ha sugerido. El portavoz del PPdeG en el debate, Jaime Castiñeira, le ha contestado que esa reducción responde a que las sanciones en la anterior ley —aprobada durante el gobierno del bipartito— eran "desorbitadas y confiscatorias". El afán, ha dicho, "era recaudatorio".

Castiñeira ha argumentado que, en cualquier caso, Galicia se mantendrá con esta ley entre las tres comunidades con las multas por infracción más elevadas. El popular ha defendido la redacción actual del texto y las propuestas sobre reserva de suelo para vivienda protegida: "No se pueden hacer autovías que no van a ninguna parte ni viviendas en donde no hay demanda".

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