El segundo teniente de alcalde de Vigo y concejal socialista Carlos López Font, ha asegurado que, aunque este miércoles entre en vigor el Área Metropolitana, "Vigo como ciudad rechaza esta ley", pues, según apuntó, así se lo han hecho llegar diversos colectivos al alcalde, Abel Caballero.

El edil aseguró que tiene esta percepción de "absoluto rechazo de la ciudad al texto y sus consecuencias" no sólo a través de las reuniones mantenidas por el regidor, sino también por el contacto que los distintos concejales del gobierno tienen con el tejido social. "Todas las asociaciones a las que se lo explicamos están claramente en contra", ha indicado, si bien ha eludido hacer una estimación del porcentaje de representatividad que esas organizaciones tienen sobre el total de ciudadanos del municipio.

En una rueda de prensa, Carlos López Font ha afirmado que la Ley de Área Metropolitana de Vigo "debe basarse en el consenso" y acusó al PP de haber "utilizado su mayoría parlamentaria sólo en clave de partido para confrontar con esta ciudad".

Así, ha calificado el texto de "agresión premeditada" contra la urbe, aludiendo a cuestiones como la representación que tendrá Vigo dentro de la entidad supramunicipal o los "servicios en los que la ciudad sólo aporta", entre los que citó la recogida de basuras y los transportes.

Por todo ello, ha estimado que, con la ley, los populares "lo único que pretenden en gobernar Vigo desde fuera".

En cuanto a si el alcalde convocará el pleno para decidir los representantes de la ciudad en los órganos de gobierno del Área, para lo que dispone del plazo de un mes, López Font explicó que será el regidor "quien decida".

PP

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP, José Manuel Figueroa, aseguró que con la entrada en vigor de la ley "es la hora de la verdad" y que el alcalde deberá decidir entre "apostar por el futuro de Vigo y de su comarca, como reclaman la mayoría de los estamentos ciudadanos; o quedarse en la inacción y abortar una oportunidad única e irrecuperable si se pierde".

El portavoz popular manifestó que "no hay razones objetivas para que Caballero paralice el proceso" y ha advertido de que "el PP no lo va a permitir", aunque hará "una defensa de la ley sin confrontación, en positivo y con el diálogo como premisa fundamental".