El comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, ha comprometido al BNG ofrecer "una respuesta inmediata" a la problemática de los astilleros gallegos derivada de la suspensión del 'tax lease' pero ha vinculado dicha valoración a que el Gobierno de España "presente una propuesta definitiva", pues hasta ahora "no existen más que consultas previas".

Así lo señala la formación nacionalista en un comunicado en el que explica que dicho compromiso fue transmitido en una reunión este martes entre Almunia y la eurodiputada Ana Miranda, quien, a su vez, solicitó al comisario que "cualquiera que sea el nuevo modelo de incentivos para el sector naval permita competir en igualdad de condiciones".

En el encuentro celebrado en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, según explica el Bloque, Miranda trasladó al responsable comunitario de la Competencia "la necesidad de dar una respuesta urgente" al sector, que está "en una situación crítica".

Almunia, según apunta la nota, "respondió que una vez que el Gobierno español presente la propuesta definitiva —hasta ahora no existen más que consultas previas—, la Comisión está en disposición de poder emitir una valoración inmediata en menos de un mes".

"Quedó confirmado que el Gobierno central no hizo llegar un texto definitivo para someter al criterio de la Dirección General de la Competencia", añade.

Como alternativa,

El sistema francés

El BNG extrae de la reunión con el comisario Almunia que "la Comisión sugiere como alternativa al 'tax lease' el modelo francés, con el argumento de que ese modelo ya fue analizado y tiene la garantía de que cumple con las normas comunitarias en materia de competencia".

"Sin entrar en valorar porcentajes", indica, "adelantó que el futuro sistema de incentivos deberá estar vinculado a los beneficios de las empresas".

Miranda también analizó con Almunia el expediente presentado contra el Estado español, que paralizó la aplicación del 'tax lease' y, como consecuencia, frenó la contratación de nuevos contratos de construcción de buques. "En ningún caso el sector puede asumir ningún tipo de sanción, puesto que se limitó a hacer uso de un sistema de bonificaciones fiscales aprobado por el Gobierno central", alegó la europarlamentaria.